L D (EFE) La compañía subrayó en un comunicado que los informes elaborados a su demanda por "personalidades independientes" sobre las medidas de diciembre de 2002 de las que se benefició -según Bruselas-, y entregadas a la Comisión muestran "sin duda" que no hubo "ninguna ayuda estatal".
Por eso consideró que toda decisión en sentido contrario "vendría a contradecir la realidad económica y constituiría una grave violación del derecho comunitario, al cuestionar dos principios fundamentales para la seguridad jurídica del mercado común: el principio de prescripción y el principio de confianza legítima".
France Télécom recordó que el régimen de la tasa profesional incriminado por el comisario europeo de Competencia, Mario Monti, estuvo en vigor desde julio de 1990 y aseguró que se tradujo, de hecho, en una "sobre-imposición masiva superior a los 1.700 millones de euros". Además, añadió que "suponiendo -lo que no es el caso- que comportara elementos de ayudas estatales, este régimen estaría sin duda cubierto por el plazo de prescripción de diez años", fijado por la reglamentación comunitaria.
El operador de telecomunicaciones insistió en que "actuará por todos los medios para defender el interés del grupo del conjunto de sus 1,4 millones de accionistas", y al referirse a las "fugas y rumores repetidos sobre estas eventuales decisiones", comentó que está examinando posibles acciones judiciales.
El responsable europeo de la Competencia tiene intención de someter a la Comisión el próximo martes las conclusiones de su investigación y la exigencia a France Télécom de que devuelva 1.100 millones de euros de ventajas fiscales recibidas hasta finales de 2002. Dicha indemnización deriva de la evaluación del sistema derogatorio de la tasa profesional que tuvo la compañía estatal francesa, y por la que tuvo que abonar 7.200 millones de euros en lugar de los 8.300 que le hubieran correspondido en el caso de estar sometido al régimen general.
Por eso consideró que toda decisión en sentido contrario "vendría a contradecir la realidad económica y constituiría una grave violación del derecho comunitario, al cuestionar dos principios fundamentales para la seguridad jurídica del mercado común: el principio de prescripción y el principio de confianza legítima".
France Télécom recordó que el régimen de la tasa profesional incriminado por el comisario europeo de Competencia, Mario Monti, estuvo en vigor desde julio de 1990 y aseguró que se tradujo, de hecho, en una "sobre-imposición masiva superior a los 1.700 millones de euros". Además, añadió que "suponiendo -lo que no es el caso- que comportara elementos de ayudas estatales, este régimen estaría sin duda cubierto por el plazo de prescripción de diez años", fijado por la reglamentación comunitaria.
El operador de telecomunicaciones insistió en que "actuará por todos los medios para defender el interés del grupo del conjunto de sus 1,4 millones de accionistas", y al referirse a las "fugas y rumores repetidos sobre estas eventuales decisiones", comentó que está examinando posibles acciones judiciales.
El responsable europeo de la Competencia tiene intención de someter a la Comisión el próximo martes las conclusiones de su investigación y la exigencia a France Télécom de que devuelva 1.100 millones de euros de ventajas fiscales recibidas hasta finales de 2002. Dicha indemnización deriva de la evaluación del sistema derogatorio de la tasa profesional que tuvo la compañía estatal francesa, y por la que tuvo que abonar 7.200 millones de euros en lugar de los 8.300 que le hubieran correspondido en el caso de estar sometido al régimen general.