L D (EFE) Según Astarloa, “esta proposición de ley -para la derogación de la reforma del CP que el PP llevó a cabo hace casi un año- plantea modificaciones al conjunto de normas que se han puesto en marcha en los último años para avanzar, y muy bien, en la lucha contra el terrorismo".
El portavoz de Justicia del PP se refería, en conferencia de prensa, al artículo que el anterior Gobierno del PP introdujo en el CP, el 576 bis, que "prevé el castigo penal para aquellas autoridades o funcionarios que proporcionen, en dinero o en bienes, ayudas o subvenciones a organizaciones ilegales o patrocinen políticas ilegales". En definitiva, añadió, para evitar que "las autoridades o funcionarios puedan pagar impunemente a organizaciones vinculadas con el terrorismo". El portavoz adjunto del PSOE, Diego López Garrido, pidió hablar con los periodistas pocos minutos después que lo hiciera Astarloa. Quería comunicar a los periodistas que la medida nada tiene que ver con el Pacto Antiterrorista que suscribieron el Gobierno, el PP y el PSOE.
Pero para el diputado del PP es muy importante el procedimiento seguido por el Gobierno para registrar, ayer en el Congreso, dicha proposición de ley, la cual cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el popular. Dijo que el Pacto Antiterrorista "ha dado muy buenos frutos" y que, a pesar de ello, la derogación del CP "no ha sido debatida previamente", lo que, a su juicio, pone de manifiesto que "esa afirmación de Zapatero de que quiere hablar con todos sobre terrorismo no se ha cumplido porque con el único con quien no ha querido hablar ha sido precisamente su socio leal en el Pacto".
El diputado del PP consideró que las iniciativas legales que contempla el artículo 576 bis son de "los instrumentos que mejor han entendido los ciudadanos" porque supone, apuntó, que estos digan "nunca más financiaremos a los terroristas con los impuestos".
Tras señalar que la reforma del Código Penal la llevó a cabo el anterior Gobierno desde "el convencimiento" de que era "una norma sensata", Astarloa insistió en preguntar a Rodríguez Zapatero "qué es lo que está detrás de la propuesta" de proposición de ley, toda vez que se están negociando los Presupuestos del Estado y se está fraguando la Conferencia de presidentes autonómicos, todavía con la duda de la asistencia del lehendakari Juan José Ibarretxe.
El portavoz de Justicia del PP se refería, en conferencia de prensa, al artículo que el anterior Gobierno del PP introdujo en el CP, el 576 bis, que "prevé el castigo penal para aquellas autoridades o funcionarios que proporcionen, en dinero o en bienes, ayudas o subvenciones a organizaciones ilegales o patrocinen políticas ilegales". En definitiva, añadió, para evitar que "las autoridades o funcionarios puedan pagar impunemente a organizaciones vinculadas con el terrorismo". El portavoz adjunto del PSOE, Diego López Garrido, pidió hablar con los periodistas pocos minutos después que lo hiciera Astarloa. Quería comunicar a los periodistas que la medida nada tiene que ver con el Pacto Antiterrorista que suscribieron el Gobierno, el PP y el PSOE.
Pero para el diputado del PP es muy importante el procedimiento seguido por el Gobierno para registrar, ayer en el Congreso, dicha proposición de ley, la cual cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el popular. Dijo que el Pacto Antiterrorista "ha dado muy buenos frutos" y que, a pesar de ello, la derogación del CP "no ha sido debatida previamente", lo que, a su juicio, pone de manifiesto que "esa afirmación de Zapatero de que quiere hablar con todos sobre terrorismo no se ha cumplido porque con el único con quien no ha querido hablar ha sido precisamente su socio leal en el Pacto".
El diputado del PP consideró que las iniciativas legales que contempla el artículo 576 bis son de "los instrumentos que mejor han entendido los ciudadanos" porque supone, apuntó, que estos digan "nunca más financiaremos a los terroristas con los impuestos".
Tras señalar que la reforma del Código Penal la llevó a cabo el anterior Gobierno desde "el convencimiento" de que era "una norma sensata", Astarloa insistió en preguntar a Rodríguez Zapatero "qué es lo que está detrás de la propuesta" de proposición de ley, toda vez que se están negociando los Presupuestos del Estado y se está fraguando la Conferencia de presidentes autonómicos, todavía con la duda de la asistencia del lehendakari Juan José Ibarretxe.
"Temor" a una posible legalización de Batasuna
Por su parte, la presidenta del PP en Guipúzcoa y candidata a lehendakari por este partido, María San Gil, expresó su "temor" a que "la siguiente actuación de tipo legal del Gobierno del PSOE sea la legalización de Batasuna con la derogación de la Ley de Partidos".
En un comunicado, San Gil criticó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por "el impulso que ha otorgado a despenalizar el pago de asignaciones a partidos políticos disueltos por los tribunales, como es el caso de Batasuna". En su opinión, "con esta iniciativa el Gobierno de Zapatero favorece los intereses de Batasuna y abre la vía de la financiación pública al brazo político de ETA", expuso la dirigente popular.
"Nos preocupa saber –concluyó San Gil– a cambio de qué está el PSOE haciendo estas concesiones a los nacionalistas. Una cosa es que Zapatero negocie los presupuestos -señaló San Gil- y otra es que se ponga precio a cuestiones tan relevantes como la defensa de la democracia".
Por su parte, la presidenta del PP en Guipúzcoa y candidata a lehendakari por este partido, María San Gil, expresó su "temor" a que "la siguiente actuación de tipo legal del Gobierno del PSOE sea la legalización de Batasuna con la derogación de la Ley de Partidos".
En un comunicado, San Gil criticó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por "el impulso que ha otorgado a despenalizar el pago de asignaciones a partidos políticos disueltos por los tribunales, como es el caso de Batasuna". En su opinión, "con esta iniciativa el Gobierno de Zapatero favorece los intereses de Batasuna y abre la vía de la financiación pública al brazo político de ETA", expuso la dirigente popular.
"Nos preocupa saber –concluyó San Gil– a cambio de qué está el PSOE haciendo estas concesiones a los nacionalistas. Una cosa es que Zapatero negocie los presupuestos -señaló San Gil- y otra es que se ponga precio a cuestiones tan relevantes como la defensa de la democracia".