L D (EFE) Las sentencias indican que la disolución de la comisión vulneró el artículo 23 de la Constitución y reconoce el derecho de los demandantes "a ejercer sus funciones representativas en condiciones de igualdad y con arreglo a lo previsto en el Reglamento del Parlamento de Galicia". Los recursos de BNG y PSOE pedían al Constitucional que se pronunciara sobre la legalidad de la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento el 5 de marzo de 2003 de aprobar normas supletorias del artículo 50 del Reglamento de la cámara que permitían la disolución anticipada de la comisión y su inclusión en el orden del día del pleno de los días 11 y 12 de marzo de 2003.
Las normas supletorias del Reglamento fueron solicitadas por un grupo de diputados del PP después de que el 8 de enero de aquel año, el entonces secretario de Estado de Organización Territorial comunicara al presidente de la Cámara que, por razones competenciales, no era "adecuada" la solicitud de comparecencia de autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado, sus entidades públicas o de otras vinculadas al ejercicio de competencias estatales. El escrito del secretario provocó la inasistencia de los diputados de la oposición a la comisión de investigación, lo que motivó que los representante del PP propusieran la modificación del Reglamento para disolver la comisión, que inicialmente se había creado hasta "el final del periodo de sesiones".
El secretario general del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, señaló que el fallo "una condena y un rechazo de la cacicada del PP" por la que se "pisotearon" los derechos del Parlamento gallego. Pérez Touriño informó, en rueda de prensa, de que con esta resolución se censura la disolución "anticipada" de la citada comisión, con el "voto único" del PP, ya que "declara nulo de pleno derecho" el acuerdo del Parlamento autonómico, así como las normas suplementarias aprobadas que permitieron esa actuación. El dirigente socialista subrayó que ésta es una sentencia "excepcional y singular", con "escasísimos precedentes en la historia del constitucionalismo español" y un "triunfo del Estado de Derecho".
Las normas supletorias del Reglamento fueron solicitadas por un grupo de diputados del PP después de que el 8 de enero de aquel año, el entonces secretario de Estado de Organización Territorial comunicara al presidente de la Cámara que, por razones competenciales, no era "adecuada" la solicitud de comparecencia de autoridades y funcionarios de la Administración General del Estado, sus entidades públicas o de otras vinculadas al ejercicio de competencias estatales. El escrito del secretario provocó la inasistencia de los diputados de la oposición a la comisión de investigación, lo que motivó que los representante del PP propusieran la modificación del Reglamento para disolver la comisión, que inicialmente se había creado hasta "el final del periodo de sesiones".
El secretario general del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, señaló que el fallo "una condena y un rechazo de la cacicada del PP" por la que se "pisotearon" los derechos del Parlamento gallego. Pérez Touriño informó, en rueda de prensa, de que con esta resolución se censura la disolución "anticipada" de la citada comisión, con el "voto único" del PP, ya que "declara nulo de pleno derecho" el acuerdo del Parlamento autonómico, así como las normas suplementarias aprobadas que permitieron esa actuación. El dirigente socialista subrayó que ésta es una sentencia "excepcional y singular", con "escasísimos precedentes en la historia del constitucionalismo español" y un "triunfo del Estado de Derecho".