LD (EFE) La política antiterrorista del primer ministro británico Tony Blair ha sufrido un duro golpe después de que nueve jueces de la Cámara de los Lores, la máxima instancia judicial británica, declararan incompatible con la Convención Europea de derechos humanos la ley británica que permite la detención indefinida sin juicio de extranjeros sospechosos de actividades terroristas.
El veredicto es una respuesta a la apelación de nueve ciudadanos foráneos que llevan recluidos más de tres años en cárceles de ese país bajo sospecha de delitos de terrorismo y sin un proceso judicial. Esa ley fue introducida por el ex ministro del Interior, David Blunkett, quien dimitió este miércoles en medio de un gran escándalo, en reacción a los atentados perpetrados el once de septiembre de 2001 contra EEUU.
El par y magistrado George Bingham explicó que la llamada Ley Antiterrorista de Crimen y Seguridad contraviene la Convención Europea porque "permite la detención de sospechosos internacionales de terrorismo de una manera que discrimina en materia de nacionalidad o estatus de inmigración". Además, ordenó al Gobierno el pago de las costas de los nueve afectados que presentaron la apelación, la mayoría de los cuales están detenidos en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sur de Londres.