L D (EFE) Beteta, que este lunes se reunió con representantes del comité de empresa de la CMT, sostuvo que el Real Decreto del Gobierno "no es válido, porque no tiene el informe preceptivo de la propia CMT". El portavoz popular se comprometió también con los trabajadores a presentar en el Parlamento madrileño, el próximo 4 de febrero, una iniciativa para que el Gobierno regional pida al de la nación que "anule" este traslado.
El portavoz explicó que si ninguna de estas acciones tiene "éxito", el grupo popular hará lo posible "para que los trabajadores tengan el trato personal que se merecen y se les busquen las recolocaciones oportunas". Tras aseverar que el traslado de los trabajadores de la CMT a Barcelona es una "auténtica deportación", se mostró convencido de que responde a una "decisión puramente política, tendente a perjudicar a la Comunidad de Madrid y a beneficiar a la Generalitat de Cataluña".
Señaló además que el traslado conlleva "un coste económico para las 140 familias afectadas y un coste adicional para la Administración del Estado, y perjudica al sector, que tendrá que cambiar su operativa". Insistió en que los trabajadores cuentan con el "apoyo" y el "respaldo" del PP y criticó las "escasas reuniones" y el "nulo diálogo" que les ha dedicado el Gobierno de la nación.
El portavoz del comité de empresa, Angel Jiménez, se quejó de "un traslado que nadie quiere y que no tiene ningún tipo de justificación", y lamentó que sea un "peaje que tenga que pagar el presidente del Gobierno y que le toque pagarlo a las 140 familias que tienen su sustento en la CMT". Jiménez consideró "indignante ver que el Gobierno no cumple la ley y traslada de ciudad a 140 personas saltándose la normativa laboral" y aseguró que el comité de empresa emprenderá "todas las acciones jurídicas" que pueda para evitar el traslado, previsto para 2005.
El portavoz explicó que si ninguna de estas acciones tiene "éxito", el grupo popular hará lo posible "para que los trabajadores tengan el trato personal que se merecen y se les busquen las recolocaciones oportunas". Tras aseverar que el traslado de los trabajadores de la CMT a Barcelona es una "auténtica deportación", se mostró convencido de que responde a una "decisión puramente política, tendente a perjudicar a la Comunidad de Madrid y a beneficiar a la Generalitat de Cataluña".
Señaló además que el traslado conlleva "un coste económico para las 140 familias afectadas y un coste adicional para la Administración del Estado, y perjudica al sector, que tendrá que cambiar su operativa". Insistió en que los trabajadores cuentan con el "apoyo" y el "respaldo" del PP y criticó las "escasas reuniones" y el "nulo diálogo" que les ha dedicado el Gobierno de la nación.
El portavoz del comité de empresa, Angel Jiménez, se quejó de "un traslado que nadie quiere y que no tiene ningún tipo de justificación", y lamentó que sea un "peaje que tenga que pagar el presidente del Gobierno y que le toque pagarlo a las 140 familias que tienen su sustento en la CMT". Jiménez consideró "indignante ver que el Gobierno no cumple la ley y traslada de ciudad a 140 personas saltándose la normativa laboral" y aseguró que el comité de empresa emprenderá "todas las acciones jurídicas" que pueda para evitar el traslado, previsto para 2005.