LD (EFE) Según datos facilitados por CEPAS, han secundado el paro todas las empresas de grúas de Asturias, Aragón, Gerona y Castilla-La Mancha y un 90 por ciento de las de Madrid, Castilla y León, Barcelona, Lérida, País Vasco y Tarragona.
En Galicia han parado todas las provincias menos Orense y las regiones donde la convocatoria ha tenido menos seguimiento han sido Murcia y Andalucía, con un 10 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente. Por el contrario, según ha informado la DGT, las grúas de Badajoz, Navarra, Sevilla, Tenerife, Orense, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla no han acudido al paro.
Sin embargo, la presidenta de la patronal de las aseguradoras (UNESPA), Pilar González de Frutos, ha afirmado que las compañías de seguros han atendido el 80 por ciento de los servicios de grúa solicitados por sus usuarios con normalidad.
Las asociaciones de automovilistas y de consumidores (UCE y CECU) han criticado este nuevo paro y han denunciado el perjuicio que supone para los ciudadanos. La Asociación Europea de Automovilistas (AEA) ha pedido a las empresas de grúas y a las aseguradoras que resuelvan sus diferencias sobre las tarifas de remolque de coches mediante negociaciones bilaterales y denunció el intento de la Administración de desviar la atención al tratar el conflicto como un asunto comercial.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo del Gobierno es garantizar la seguridad y la libertad de circulación y recordó que el Ministerio del Interior ha previsto el mismo dispositivo que en agosto pasado para minimizar el impacto del conflicto en los conductores.
Las asociaciones de empresas de asistencia en carretera exigen a UNESPA que actualice las tarifas que las aseguradoras abonan a las grúas en función de las conclusiones que se extraen de los informes de la Universidad de Alcalá de Henares y la Consultora Spim. Esos informes fueron encargados de mutuo acuerdo por las partes después del paro del pasado verano y situaron el importe medio por servicio en 49 euros, frente a los 23 euros que, de media, pagan ahora las aseguradoras a las empresas de asistencia en carretera.
Sin embargo, UNESPA alega que los estudios no pueden aplicarse hasta su redacción definitiva, prevista para el próximo día 25, tras el análisis de las alegaciones de las partes, y que, posteriormente, deben recibir la aprobación del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC).
Sin embargo, la presidenta de la patronal de las aseguradoras (UNESPA), Pilar González de Frutos, ha afirmado que las compañías de seguros han atendido el 80 por ciento de los servicios de grúa solicitados por sus usuarios con normalidad.
Las asociaciones de automovilistas y de consumidores (UCE y CECU) han criticado este nuevo paro y han denunciado el perjuicio que supone para los ciudadanos. La Asociación Europea de Automovilistas (AEA) ha pedido a las empresas de grúas y a las aseguradoras que resuelvan sus diferencias sobre las tarifas de remolque de coches mediante negociaciones bilaterales y denunció el intento de la Administración de desviar la atención al tratar el conflicto como un asunto comercial.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo del Gobierno es garantizar la seguridad y la libertad de circulación y recordó que el Ministerio del Interior ha previsto el mismo dispositivo que en agosto pasado para minimizar el impacto del conflicto en los conductores.
Las asociaciones de empresas de asistencia en carretera exigen a UNESPA que actualice las tarifas que las aseguradoras abonan a las grúas en función de las conclusiones que se extraen de los informes de la Universidad de Alcalá de Henares y la Consultora Spim. Esos informes fueron encargados de mutuo acuerdo por las partes después del paro del pasado verano y situaron el importe medio por servicio en 49 euros, frente a los 23 euros que, de media, pagan ahora las aseguradoras a las empresas de asistencia en carretera.
Sin embargo, UNESPA alega que los estudios no pueden aplicarse hasta su redacción definitiva, prevista para el próximo día 25, tras el análisis de las alegaciones de las partes, y que, posteriormente, deben recibir la aprobación del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC).