L D (EFE) En un acto celebrado en Magaz (Palencia), el ministro por fin admitió la situación denunciada por varios medios, entre ellos Libertad Digital, de los inmigrantes llegados a Murcia procedentes desde Canarias que, tras el internamiento que manda la Ley de 40 días, son puestos en libertad porque no pueden ser repatriados. No sólo eso. También admitió que estos traslados de Canarias a la península se hacen en aplicación de la Ley de Extranjería y se vienen realizando desde hace varios años "por mandato judicial".
En un avance con respecto a lo que declaraba en un programa de televisión el miércoles pasado, Caldera reconoció que se están produciendo problemas en provincias como Murcia, Alicante o Valencia, ya que las administraciones locales no son avisadas de los traslados y por lo tanto no pueden garantizar una asistencia a inmigrantes, pero lanzó un mensaje de tranquilidad. "Quiero que sepan que, en lo que concierne al Ministerio de Trabajo, vamos a dotarnos inmediatamente, la semana próxima, de un plan de cooperación con ayuntamientos, comunidades autónomas y ONG" por el que se informará a las autoridades de los traslados, "estableciéndolos en condiciones favorables, y creando una red de acogida de primera instancia que permita recibir dignamente a los inmigrantes", aseguró.
Este plan no supondrá un gasto extra, pues se pondrá en marcha, según el ministro, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en 2005, que prevén un fondo para estos menesteres. Además, el plan que impulsará el Ministerio pretende negociar convenios de readmisión con los países de origen de los inmigrantes con los que todavía no existen acuerdos de repatriación, como fórmula para garantizar que el retorno se haga en "condiciones humanitarias". Precisamente, la inexistencia de convenios de readmisión con otros países es la fuente de la situación alcanzada, ya que la Ley establece que si en 40 días no han sido readmitidos por sus países, los jueces ordenan que sean puestos en libertad con un documento provisional.