LD (Europa Press) Fuentes del comité de empresa han explicado que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio "no tiene ni idea de la normativa". "Con la normativa vigente y si España es un Estado de Derecho, el Ministerio no puede cesar al presidente y al consejo", han insistido.
Según el comité de empresa de la CMT, el Real Decreto que establece el cambio de la sede del regulador a Barcelona "sólo decide trasladar la sede" y en ningún caso descarta el mantenimiento de unas oficinas en Madrid. "Lo que tiene que hacer el Ministerio es dejar muy clarito en el BOE lo que quiere que se haga", indicaron.
La plantilla quiere que Montilla explique "cuál es el problema" de que la CMT mantenga una dependencia en Madrid, una posibilidad que a dirigentes socialistas como Rafael Simancas y Matilde Fernández les parece "razonable, por lógica operativa y funcional", según las mismas fuentes.
En una resolución aprobada el pasado jueves, el consejo de la CMT acató la decisión de trasladar el organismo a Barcelona, dando inicio al procedimiento derivado del Real Decreto, pero al mismo tiempo acordó varias medidas que han motivado que el departamento de José Montilla estudie aplicar a Bustelo el artículo 35 del reglamento de la CMT, es decir, cesarlo.
Industria estudia el cese de Bustelo al considerar que ha incumplido gravemente sus obligaciones por decidir que la CMT mantenga unas dependencias operativas en Madrid tras el cambio de sede a Barcelona y que el traslado de los trabajadores sea voluntario e incentivado, dos medidas que, a juicio del Ministerio, van en contra del Real Decreto del traslado.
El mencionado artículo (el 35) indica en su apartado 1 que "el presidente y el vicepresidente cesarán en su cargo por renuncia aceptada por el Gobierno, expiración del término de su mandato o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente por el ministro de Fomento (actualmente Industria), por incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, incumplimiento grave de sus obligaciones, condena por delito doloso o incompatibilidad sobrevenida".
Bustelo ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición al cambio de sede del regulador e incluso llegó a calificar de "deportación" esta decisión del Gobierno, dado que, a su juicio, se debe a razones estrictamente "políticas". A estas declaraciones respondió Montilla recordando que el nombramiento de Bustelo fue una decisión política.