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El PP de Madrid presenta ante el Supremo una denuncia contra Conde Pumpido por el caso Majadahonda

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presentó este viernes en el Tribunal Supremo una denuncia contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por los supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, por la llegada a los medios de comunicación y a la opinión pública del decreto "pocas horas después de firmarse y antes de que llegara al fiscal anticorrupción".

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presentó este viernes en el Tribunal Supremo una denuncia contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por los supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, por la llegada a los medios de comunicación y a la opinión pública del decreto "pocas horas después de firmarse y antes de que llegara al fiscal anticorrupción".

L D (EFE) Tras presentar esta iniciativa, que fue registrada a las 11.45 de la mañana, Granados señaló, en declaraciones a los medios, que la misma está basada en el decreto que el fiscal general firmó la pasada semana en el que da traslado a la Fiscalía Anticorrupción de una denuncia presentada por el PSOE sobre actuaciones urbanísticas en el denominado "caso Majadahonda".

Según el PP, el delito de revelación de secretos se basa en la llegada a los medios de comunicación y a la opinión pública del decreto "pocas horas después de firmarse y antes de que llegara al fiscal anticorrupción". Según el PP, ante la denuncia "política" del PSOE, Conde Pumpido se ha prestado "conscientemente a una maniobra política" y lo que le movió el 25 de febrero "no fue la justicia, sino la celeridad por tapar el escándalo de unas declaraciones realizadas por el presidente socialista de la Generalidad de Cataluña, o las consecuencias de un pleno monográfico del Parlamento de Cataluña sobre el Carmelo".

El secretario general del PP madrileño señaló que la acusación por el delito de revelación de secretos se basa en la llegada a los medios de comunicación y a la opinión pública del citado Decreto "pocas horas después de firmarse y antes de que llegara al Fiscal Anticorrupción". En cuanto al delito de prevaricación, Granados indicó que se fundamenta en el contenido del propio Decreto, "que reconoce que no se imputa ningún delito a persona alguna" y que basa ese traslado a Anticorrupción "simplemente en que a un concurso, no resuelto, se han presentado muchas empresas" y que se menciona en la denuncia del PSOE a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.

"Entendemos, por lo tanto, que se ha producido una resolución injusta a sabiendas y por tanto hemos presentado la denuncia correspondiente", añadió. En su denuncia, el PP afirma que el Fiscal General del Estado se ha prestado a una "maniobra política" porque no ha investigado los hechos denunciados, no ha archivado una denuncia falsa que no atribuye responsabilidades penales a nadie, no ha remitido al juzgado las diligencias de investigación "si entiende que se ha producido algún hecho delictivo" y tampoco ha remitido "la denuncia al fiscal natural predeterminado por la ley".

En lugar de adoptar cualquiera de las resoluciones anteriores -prosigue la denuncia- Conde Pumpido "en un plazo inusitado que coincide en el tiempo con escándalos del PSOE, atribuyó arbitrariamente a la Fiscalía Anticorrupción la investigación de una denuncia falsa con clara intencionalidad política para manchar la honorabilidad de altos cargos del Partido Popular". El dirigente del PP madrileño insistió en que se está denunciado una posible actuación irregular en "algo que no se ha producido", que es un concurso que aún no se ha resuelto y que, por lo tanto, no afecta ni positiva ni negativamente a nadie.

Añadió que el PP se "somete" a la Justicia pero que también pide que el Fiscal Anticorrupción "actúe cuanto antes, con contundencia, que investigue a fondo y con toda celeridad para que esta sospecha que se ha creado como consecuencia de la decisión del Fiscal General del Estado y la denuncia absolutamente infundada del PSOE se desvele cuanto antes". Preguntado sobre la información hecha pública ayer por el PSOE, que indicaba que el alcalde del PP de Majadahonda, Narciso de Foxá, es socio de Camilo Pereira Pérez, miembro a su vez de la empresa adjudicataria de la construcción del túnel de Sóller, en Baleares, dijo que el caso Sóller "fue suficientemente investigado" y se depuraron las responsabilidades que correspondía.

En cuanto a la designación de la ex ministra Elvira Rodríguez para presidir la Junta Gestora del PP de Majadahonda hasta la celebración en los próximos meses de comicios internos, señaló que el momento requería una persona ecuánime e imparcial para desarrollar este proceso.

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