(Libertad Digital) Según el diario económico Cinco Días, los indicios para considerar que una solicitud es fraudulenta son los siguientes: que un particular quiera legalizar a más de tres empleados de hogar, cuando una empresa nueva tenga más de 10 empleados o si se duplica su plantilla. Los inspectores de Trabajo realizarán la inspección en los casos que parezcan fraudulentos para comprobar si hay algún tipo de actuación fuera de la ley.
De todas maneras, dentro de este proceso de regularización extraordinaria, que comenzó el 7 de febrero y finalizará el 7 de mayo, los inspectores están siendo mucho más flexibles que en ocasiones anteriores. Ya que en la actualidad no están sancionando a los empresarios que tienen trabajando a inmigrantes ilegales. "Cuando un inspector encuentra a un inmigrante trabajando de forma ilegal, el empresario siempre suele decir que el extranjero ha empezado a trabajar ese mismo día, pero sabemos que no es cierto y que lleva un tiempo en España", indicaron a Cinco Días fuentes de la inspección.
A lo que sí que obligan los inspectores en vez de sancionar al empresario es que comience el proceso de regularización para sus empleados. De todas formas, esto sirve a los inspectores para conseguir mucha información que podrán aplicar en un futuro a otros casos.
Recaudaron 85 millones de euros en 2004
Por otra parte, durante el 2004, la Inspección de Trabajo realizó 34.301 visitas para saber si se cometían irregularidades en el proceso de inmigración. Cuando el resultado era una contratación ilegal (sucedió en 13.800 casos) los inspectores pusieron multas que en total alcanzaron los 85 millones de euros. Las sanciones oscilaban entre los 6.000 y los 60.000 euros.
Además, esta semana se han multiplicado las colas en los ayuntamientos para que los inmigrantes puedan regular su situación en España y recoger el papel que acredite que llevan en nuestro país desde antes del 8 de agosto y poder de esta forma acogerse al empadronamiento por omisión2. Según el titular de la cartera de trabajo, Jesús Caldera, se prevé que en las tres semanas que quedan las solicitudes se acercarán a las 700.000, "muy cerca del máximo total de personas legalizables".
También ha hecho unas declaraciones la secretaria de estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que pidió a todos los inmigrantes que no tengan un contrato que no vayan a pedir un certificado de empadronamiento de omisión, ya que "obstaculizan al que verdaderamente lo necesita", sentenció.
Por otra parte el ministro de Trabajo y Asuntos sociales, Jesús Caldera, añadió que ese bajo porcentaje de presuntos fraudes detectado puede ser aún menor cuando la Inspección estudie los casos concretos, lo que, según destacó, "demuestra lo correcto de este proceso". Caldera alabó el comportamiento de los empresarios, entre ellos los de Murcia, donde se encontraba y de los sindicatos con respecto al proceso de normalización, que permitirá no sólo legalizar a inmigrantes irregulares sino también aflorar economía sumergida.
Comentó que el proceso "empezó lento" en la Región de Murcia "pero ha mejorado mucho" y calculó que se superará la cifra de "40.000 empleos legalizados en menos de tres meses", lo que supone 40.000 personas más que pagarán sus impuestos y sus cotizaciones a la Seguridad Social. Caldera hizo hincapié en que "la inmigración tiene que ser legal" y advirtió de que "quien dé trabajo ilegal debe dejar de hacerlo porque a partir del 7 de mayo vamos a ser muy serios y muy exigentes a través de la Inspección de Trabajo".
Comentó que el proceso "empezó lento" en la Región de Murcia "pero ha mejorado mucho" y calculó que se superará la cifra de "40.000 empleos legalizados en menos de tres meses", lo que supone 40.000 personas más que pagarán sus impuestos y sus cotizaciones a la Seguridad Social. Caldera hizo hincapié en que "la inmigración tiene que ser legal" y advirtió de que "quien dé trabajo ilegal debe dejar de hacerlo porque a partir del 7 de mayo vamos a ser muy serios y muy exigentes a través de la Inspección de Trabajo".