L D (EFE) La Comisión ha exigido además a las autoridades españolas que supriman la garantía ilimitada de que goza el ente público, y que actualmente hacen al Estado responsable último de las deudas de RTVE. Según precisa el comunicado, las autoridades españolas "han aplicado algunas de las recomendaciones y han asumido el compromiso firme y preciso de poner en práctica las restantes (es decir, suprimir la garantía ilimitada) antes de que finalice el año 2005".
La decisión, que afecta igualmente a las radiotelevisiones públicas francesa e italiana, cierra las investigaciones iniciadas por la Comisión a finales de 2003 sobre sus sistemas de financiación al considerar que no se ajustaban a los requisitos en materia de ayudas estatales. Italia ya ha incorporado las recomendaciones de la Comisión a su legislación nacional, mientras que Francia se ha comprometido a aplicarlas en el plazo de dos años.
En octubre de 2003, la Comisión efectuó un requerimiento preliminar a esos tres países para pedirles que aplicaran las medidas apropiadas en relación con sus sistemas vigentes de financiación de su radiotelevisión pública. Estas medidas, de la normativa de ayudas estatales a la radiodifusión de servicio público, pretenden garantizar que las emisoras públicas y privadas compiten en igualdad de condiciones en mercados tales como la publicidad televisiva.
Para ello, la financiación de los entes públicos no debe exceder "el mínimo estrictamente necesario para el buen ejercicio de su misión de servicio público" ni favorecer "indebidamente a otras actividades comerciales (subvenciones cruzadas)" y deberá ser transparente. El expediente sobre RTVE se remonta a 1992 y 1994, cuando las cadenas privadas españolas de televisión, Telecinco y Antena 3 presentaron sendas denuncias ante la CE en las que alegaban la concesión de ayudas estatales ilegales en favor de los operadores públicos españoles de radiodifusión.
Tras varios intercambios de información, la Comisión reclamó en 2003 a España que modificase la garantía estatal de que se beneficia RTVE, al estimar que su valor "supera los costes netos de la prestación de servicio" y vulneraba por tanto la normativa sobre financiación de servicios públicos. Sin embargo, la CE no abrió entonces un expediente formal de infracción contra España, sino que se limitó a activar el denominado procedimiento de medidas apropiadas, que permite la resolución de este tipo de casos en plazos flexibles.
Además, los servicios de la Comisión concluyeron que las subvenciones directas recibidas por RTVE no superaron "los costes netos del servicio público". También estimaron que el conjunto de medidas de apoyo público a RTVE constituyen en cualquier caso "ayudas estatales existentes" antes de la adhesión de España a la UE, en 1986, por lo que no están sujetas a una posible exigencia de reembolso por parte del Ejecutivo comunitario.
Según señaló en el comunicado la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, la decisión adoptada hoy "es una muestra del planteamiento equilibrado de la Comisión sobre la financiación de la radiotelevisión pública", ya que se asegura su papel central pero se evita "al mismo tiempo innecesarias distorsiones del mercado".
La decisión, que afecta igualmente a las radiotelevisiones públicas francesa e italiana, cierra las investigaciones iniciadas por la Comisión a finales de 2003 sobre sus sistemas de financiación al considerar que no se ajustaban a los requisitos en materia de ayudas estatales. Italia ya ha incorporado las recomendaciones de la Comisión a su legislación nacional, mientras que Francia se ha comprometido a aplicarlas en el plazo de dos años.
En octubre de 2003, la Comisión efectuó un requerimiento preliminar a esos tres países para pedirles que aplicaran las medidas apropiadas en relación con sus sistemas vigentes de financiación de su radiotelevisión pública. Estas medidas, de la normativa de ayudas estatales a la radiodifusión de servicio público, pretenden garantizar que las emisoras públicas y privadas compiten en igualdad de condiciones en mercados tales como la publicidad televisiva.
Para ello, la financiación de los entes públicos no debe exceder "el mínimo estrictamente necesario para el buen ejercicio de su misión de servicio público" ni favorecer "indebidamente a otras actividades comerciales (subvenciones cruzadas)" y deberá ser transparente. El expediente sobre RTVE se remonta a 1992 y 1994, cuando las cadenas privadas españolas de televisión, Telecinco y Antena 3 presentaron sendas denuncias ante la CE en las que alegaban la concesión de ayudas estatales ilegales en favor de los operadores públicos españoles de radiodifusión.
Tras varios intercambios de información, la Comisión reclamó en 2003 a España que modificase la garantía estatal de que se beneficia RTVE, al estimar que su valor "supera los costes netos de la prestación de servicio" y vulneraba por tanto la normativa sobre financiación de servicios públicos. Sin embargo, la CE no abrió entonces un expediente formal de infracción contra España, sino que se limitó a activar el denominado procedimiento de medidas apropiadas, que permite la resolución de este tipo de casos en plazos flexibles.
Además, los servicios de la Comisión concluyeron que las subvenciones directas recibidas por RTVE no superaron "los costes netos del servicio público". También estimaron que el conjunto de medidas de apoyo público a RTVE constituyen en cualquier caso "ayudas estatales existentes" antes de la adhesión de España a la UE, en 1986, por lo que no están sujetas a una posible exigencia de reembolso por parte del Ejecutivo comunitario.
Según señaló en el comunicado la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, la decisión adoptada hoy "es una muestra del planteamiento equilibrado de la Comisión sobre la financiación de la radiotelevisión pública", ya que se asegura su papel central pero se evita "al mismo tiempo innecesarias distorsiones del mercado".