L D (Europa Press) Esta crítica, que también hizo la personalidad de reconocido prestigio y representante de la Conferencia Episcopal Española Rosa de la Cierva, lleva a estos agentes del sistema educativo a plantearse, si la futura ley de educación vulnera preceptos de la Carta Magna, la posibilidad de recurrir a los tribunales e, incluso, manifestarse en la calle. También señalaron la pretensión del Ejecutivo de “estatalizar lo no estatal”. Además, los padres de CONCAPA, los estudiantes de CES, los titulares de centros de FERE-CECA, CECE y Educación y Gestión y los profesores de ANPE, USO y FSIE mostraron su indignación con que estas propuestas estén obteniendo el apoyo “expreso” de los representantes de la Administración. Señalaron como “asombroso e inaceptable” que mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defiende el “sí” a la Constitución Europea, miembros del MEC respalden medidas inconstitucionales.
Estos representantes de la comunidad educativa también expresaron su “decepción” con la forma en la que se está desarrollando el trámite para la elaboración del dictamen sobre el anteproyecto de la LOE, por parte del Consejo Escolar, con la imposibilidad de llegar a un consenso. A su juicio, sólo se están produciendo votaciones de las enmiendas, sin posibilidad alguna de negociar en el Pleno, con la única opción de dar alguna explicación aclaratoria, fruto de la “prisa” de la Administración. Según explicó la presidenta de CECE, Isabel Bazo, el Gobierno quiere tramitar esta reforma “por urgencia” porque si no se saldría de los plazos previstos para aprobar la reforma en diciembre, con lo que se pasarían los dos años de aplazamiento de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). “Se está legislando para adictos al PSOE”, afirmó.
Piden dimisiones en el Consejo Escolar
Asimismo, protestaron porque el Pleno del Consejo Escolar no representa a la sociedad, con lo que algunos consideran que la presidenta debe dimitir de su cargo al frente de este órgano consultivo. “Es un bodrio”, afirmó el presidente de los padres católicos, Luis Carbonel, durante una rueda de prensa conjunta de todos estos consejeros, en la que se subrayó que el dictamen final será “incoherente”. En general, creen que el anteproyecto diseñado y las medidas que están aprobándose en el Consejo Escolar del
Estado persiguen “maquillar” los resultados de los informes internacionales, en lugar de contribuir a la calidad de la formación de los estudiantes y ensalzar la labor docente. “Se va a generalizar la mediocridad”, sentenció el secretario general de USO, José Luis Fernández. Entienden que las 1.823 enmiendas parciales presentadas en este órgano son el reflejo de que la reforma diseñada por el Departamento que dirige María Jesús San Segundo “no ha contentado a nadie”. “Se ha diseñado una ley para una parte de la sociedad, lo que significa que seguiremos con el vaivén de las leyes educativas”, manifestó Rosa de la Cierva.
El MEC se defiende
En contra de todos estos ataques, los representantes del Ministerio aseguraron que se está realizando un “importante” esfuerzo de acercamiento de posturas de todo el mundo, “como refleja el anteproyecto”, y negaron la aprobación de medidas contra la Constitución. “No creo que haya enmiendas inconstitucionales”, afirmó el director general de Educación y Formación Profesional, José Luis Pérez Iriarte. Tras garantizar que el anteproyecto pasará por “todo tipo de filtros” para asegurar su constitucionalidad, dijo que los representantes de la Administración defienden en el Pleno del Consejo las ideas que coinciden con su texto y combaten las que lo contradicen. En su opinión, el debate está siendo “intenso” y “con apasionamiento”, por lo que el dictamen resultante va a suponer “importantes aportaciones” al texto legislativo, pero sabe que en el mundo educativo no hay “nada neutro” y no es fácil alcanzar un acuerdo “total”.
En esta línea, la presidenta del Consejo Escolar dijo que “en absoluto” se están aprobando medidas anticonstitucionales, sino que se trata de una “interpretación” que algunos consejeros hacen de los derechos de libertad de creación de centro y elección de enseñanza reflejados en la Constitución. Así, explicó que estos principios no significan que las familias tengan derecho a escoger escuela ni que los estudiantes que no quieran Religión deban cursar otra materia. En todo caso, valoró positivamente el desarrollo del debate de la “lluvia de enmiendas”, que se están votando “a la velocidad conveniente”, sin que las modificaciones aprobadas sean “muy significativas”. Para Marta Mata, las 1.823 propuestas parciales presentadas no son “ni un asomo de filibusterismo”, puesto que todas tienen su razonamiento. A su juicio, el procedimiento de debate y votación es el acordado por los consejeros y sólo está siendo “más exigente en la limitación” del tiempo con los miembros de la Comisión Permanente.
Finalmente, representantes de los padres de CEAPA, el Sindicato de Estudiantes (SE) y los profesores de STEs calificaron el transcurso del Pleno de “democrático”, al permitir explicar las posturas y las enmiendas. “Es inconcebible descalificar a este órgano de participación”, afirmó el secretario general de STEs, Augusto Serrano, a lo que la presidenta de las familias laicas, Lola Abelló, agregó que se está realizando un “arduo, serio, tranquilo y riguroso” trabajo y una “profunda” reflexión para llevar al MEC.