(Libertad Digital) El Parlamento catalán ha dado fin a la comisión de investigación sobre el derrumbe del túnel del Carmelo, sin investigar el cobro de en comisiones que el presidente de la Generalidad denunció. La comisión ha aprobado un informe con los votos en contra del PP y la abstención de CiU. El portavoz de la Asociación de Damnificados del Carmelo, Tomás García, achaca parte de la responsabilidad del derrumbe del túnel al reparto de comisiones.
Según Europa Press, el diputado de CiU Josep Rull insistió en sostener que las causas que determina el dictamen final exculpan al anterior Gobierno de la Generalidad y por el contrario evidencia una "actuación, inadecuada, inconcreta y en algunos casos negligente de algunos responsables políticos" del nuevo Ejecutivo. Además, proclamó que "no se ha podido acreditar, por que no existe" ningún tipo de cobro de comisiones en la adjudicación de la obra pública por parte de CiU. Por el contrario, desde el PSC Joan Ferran acusó a la federación nacionalista de querer "culpabilizar de forma gratuita al nuevo Gobierno".
Los populares, por boca de Josep Piqué, insistieron en denunciar el "fraude" y la "burla" de no haber entrado a investigar el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de la obra pública y aseguró que persisten los motivos para seguir pidiendo dimisiones, lo que fue rebatido por el tripartito con acusaciones de "demagogia" y "manipulación". Oriol Amorós, de ERC califica el empeño popular en que la comisión investigara las comisiones de "frivolidad".
Cuatro causas del derrumbe y tres responsables
En las conclusiones tampoco se hace un recuento de las responsabilidades políticas que llevaron al desastre que ha obligado a desalojar a más de mil personas. La comisión concluye que la responsabilidad concreta por la ejecución de la obra habrá de resolverse en un futuro, en caso de que sea necesario. Según Europa Press, el informe aprobado resume en cuatro las causas del derrumbe del túnel de maniobras de la Línea 5 de Metro: la falta de estudios geológicos que impidió apreciar la presencia de una discontinuidad en el terreno, las deficiencias en algunos cálculos del proyecto que redujeron los coeficientes de seguridad, la inexistencia de seguimiento de las medidas de convergencia del túnel durante 70 días que hizo que no se adoptasen los refuerzos adecuados y, por último, una excavación en la base del túnel cuando se habían detectado problemas de estabilidad.
El dictamen sostiene que el proyecto inicial presentó "debilidades e imprecisiones" --algo que no apoya CiU-- y responsabiliza a la decisión de ubicar el túnel de maniobras en el barrio del Carmelo a la empresa pública GISA, que depende de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, a la dirección de obras y a las constructoras.
El tres por ciento "no se ha podido acreditar"
En cuanto al presunto pago de comisiones, la comisión de investigación sostiene que "se ha mantenido la profusión de comentarios y valoraciones entorno a un presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en Cataluña, que no se ha podido acreditar".
La investigación de la comisión se ha limitado a lo ocurrido entre los días 25 de febrero y 3 de marzo, cuando en opinión de Tomás García "han ocurrido muchas cosas desde el día 4 de febrero”, como por ejemplo el sellado del agujero con hormigón. “Nos hemos quedado con la impresión de que nos han tomado el pelo”, ha declarado García.
Estrategias de la Generalidad
En declaraciones a Libertad Digital, Tomás García ha explicado que la Generalidad entrega a cada damnificado un dossier en el que aparece un estudio del subsuelo –dividido por parcelas– fechado en 2001. Se trata de un estudio técnico en el que no aparece una sola firma. No hay responsables. Además, la Generalidad deja claro que no se hace responsable de posibles "vicios ocultos" del terreno, es decir, probablemente los que originaron el derrumbe. Sin embargo, lo peor está por llegar: para obtener el citado dossier, el damnificado debe firmar un documento en el que se admite que lo que se lleva es todo un certificado, eso sí, sin responsable alguno, sin posibilidad de acción judicial. En otras palabras, se les brinda firmar su indefensión. Por esta razón, Tomás García ha puesto estos hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
El caso, en el Parlamento Europeo
Tomás García ha recibido este jueves dos cartas. Una de ellas del Parlamento Europeo, que certifica la llegada de la queja que formuló la asociación el 5 de abril, y otra de Su Majestad la Reina. Esta última es en respuesta a otra enviada por la asociación el pasado 17 de marzo, pidiendo ayuda a Doña Sofía. La Reina ha mostrado su disposición a verse con los damnificados, aunque la agenda no le permite hacerlo en estos momentos. La Asociación de Damnificados del Carmelo solicitará la creación de una nueva comisión que atienda las cuestiones no investigadas.