L D (EFE) Calheiros reaccionó ante una declaración del conservador Cavalcanti, quien en una entrevista con el diario "Folha de Sao Paulo" dijo que, si se comprueba que en vez de sobornos a diputados ha habido irregularidades en campañas electorales, se inclinaría por una "sanción blanda" contra los legisladores implicados.
Las denuncias de sobornos supuestamente pagados por el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, desataron una tormenta de acusaciones contra muchos miembros del entorno íntimo del jefe de Estado e hicieron caer en pleno a la dirección nacional de la formación en el poder.
Si bien aún no se ha comprobado la existencia de los sobornos, sí se ha llegado a una red de financiación ilegal de campañas en la que está prácticamente comprobado que estaban envueltos el PT y todos los partidos de la coalición de gobierno.
Según Cavalcanti, la financiación irregular de campañas sería "menos grave" que un asunto de "compra de votos" y no debería llevar a la destitución de los legisladores implicados, sino solamente a una "censura" de esos actos ilícitos.
Esa declaración despertó airadas reacciones hoy en el Congreso y, en especial, en el Senado, donde el senador Antonio Carlos Magalhaes llegó a pedir que Cavalcanti sea excluido de una comisión parlamentaria que representará a Brasil en la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Si su elección como presidente de la Cámara de Diputados fue un absurdo, imaginemos lo que puede hacer este hombre en la ONU", dijo Magalhaes en el pleno del Senado.
Según el opositor Magalhaes, las declaraciones de Cavalcanti, a quien calificó de "neoaliado" de Lula, insinúan que entre el presidente del Congreso y el propio Gobierno podría estar en marcha un suerte de acuerdo para minimizar los escándalos de corrupción. En el mismo sentido se pronunció el diputado Oscar Serraglio, secretario de una de las comisiones parlamentarias que investigan los casos de corrupción, quien advirtió de los efectos que podría tener en la opinión pública "que todo acabe en nada, cuando ya se ha comprobado tanta cosa". "¡Ay del Congreso si no le demuestra a la sociedad que cortará su propia carne para castigar a los culpables!", dijo Serraglio, miembro de una comisión que se apresta a pedir la destitución de una veintena de diputados por diversas irregularidades.
Las denuncias de sobornos supuestamente pagados por el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, desataron una tormenta de acusaciones contra muchos miembros del entorno íntimo del jefe de Estado e hicieron caer en pleno a la dirección nacional de la formación en el poder.
Si bien aún no se ha comprobado la existencia de los sobornos, sí se ha llegado a una red de financiación ilegal de campañas en la que está prácticamente comprobado que estaban envueltos el PT y todos los partidos de la coalición de gobierno.
Según Cavalcanti, la financiación irregular de campañas sería "menos grave" que un asunto de "compra de votos" y no debería llevar a la destitución de los legisladores implicados, sino solamente a una "censura" de esos actos ilícitos.
Esa declaración despertó airadas reacciones hoy en el Congreso y, en especial, en el Senado, donde el senador Antonio Carlos Magalhaes llegó a pedir que Cavalcanti sea excluido de una comisión parlamentaria que representará a Brasil en la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Si su elección como presidente de la Cámara de Diputados fue un absurdo, imaginemos lo que puede hacer este hombre en la ONU", dijo Magalhaes en el pleno del Senado.
Según el opositor Magalhaes, las declaraciones de Cavalcanti, a quien calificó de "neoaliado" de Lula, insinúan que entre el presidente del Congreso y el propio Gobierno podría estar en marcha un suerte de acuerdo para minimizar los escándalos de corrupción. En el mismo sentido se pronunció el diputado Oscar Serraglio, secretario de una de las comisiones parlamentarias que investigan los casos de corrupción, quien advirtió de los efectos que podría tener en la opinión pública "que todo acabe en nada, cuando ya se ha comprobado tanta cosa". "¡Ay del Congreso si no le demuestra a la sociedad que cortará su propia carne para castigar a los culpables!", dijo Serraglio, miembro de una comisión que se apresta a pedir la destitución de una veintena de diputados por diversas irregularidades.