L D (EFE) El fiscal Javier Carceller responsabiliza a Maeso de un total de 276 delitos de lesiones supuestamente cometidos entre 1988 y 1998, tres de ellos en concurso ideal con dos delitos de homicidio, ya que dos de los afectados murieron por esta afección. La acusación pública ha solicitado 8 años de prisión por cada uno de los 276 delitos de lesiones que le imputa y dos años más por cada uno de los dos delitos de homicidio imprudente, además de una indemnización total que alcanza los 28.885.002 euros.
Según afirma el representante del ministerio público, existía "la sospecha pública generalizada" de que el acusado era "consumidor habitual de sustancias estupefacientes". Debido a esta adicción, explica el fiscal, Maeso se inyectaba anestésico como estupefaciente y después utilizaba el mismo material quirúrgico para anestesiar a los pacientes que iban a ser operados.
Juan Maeso, de 63 años, fue jefe del servicio de anestesiología y reanimación del Hospital de la Fe de Valencia hasta 1998 y actuó además como facultativo anestesista en el centro privado Hospital Casa de la Salud de esta ciudad. El procesado, afirma el fiscal, "ejerció su actividad pese a existir la sospecha pública generalizada entre el personal sanitario de ser consumidor habitual de sustancias estupefacientes", extremo que "a pesar de ser conocido por diferentes instancias públicas y pudiendo haber sido investigado por la Consejería -de Sanidad-, no lo fue, permitiendo que su actuación se prolongara".
Dos fallecidos
Entre los 276 afectados figuran 17 menores de edad, entre ellos un niño de cinco años y una niña de seis que fue contagiada antes de nacer durante una operación a su madre. Dos de las supuestas víctimas, hombres de 71 y 75 años, fallecieron en abril de 2004 y en marzo de 1999, respectivamente, por causas relacionadas con la afección hepática que le produjo el contagio, según la acusación pública.
El sumario se inició en junio de 1998 en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia por un contagio masivo de Hepatitis C y está formado por 32 tomos con un volumen total de 35.000 folios. En la causa se han personado un total de 111 procuradores y 157 abogados, que tendrán hasta el próximo 13 de enero para formular sus respectivos escritos de calificación.
Según explicó a un grupo de periodistas el letrado defensor, Francisco Davó, en caso de que el anestesista fuera condenado únicamente cumpliría 24 años de prisión, es decir, el triple de la máxima pena propuesta por el fiscal. El juicio, que se celebrará en una sala capaz de albergar a todos los implicados en el proceso, podría comenzar en un plazo de un año, según precisó Davó.nPara el mismo, el fiscal ha propuesto la declaración de más de 350 testigos y diversos médicos forenses, anestesistas, hepatólogos, genetistas y epidemiólogos.