L D (EFE) Según del rotativo “La Nación”, en su resolución el magistrado establece que de la información examinada por el tribunal "se ha determinado que existen sospechas fundadas " de que el mencionado banco o la entidad que le ha sucedido "puede tener en su poder dineros o bienes que pertenecen a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte".
Añade que los bienes incautados pertenecerían además de Pinochet a su esposa, Lucía Hiriart; su hijo Marco Antonio; a su ex albacea Oscar Aitken, y a su secretaria privada, Mónica Ananías. También a los generales en retiro Jorge Ballerino, Guillermo Garín, el teniente coronel retirado Eugenio Castillo y los coroneles en servicio activo Gabriel Vergara y Juan Ricardo Mac Lean.
Esta semana el juez Muñoz, que investiga el origen de la fortuna del ex dictador (1973-1990), ha interrogado a todos estos oficiales a los que se agregó el sucesor de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército, el general retirado Oscar Izurieta, quien fue ex agregado militar de la embajada de Chile en EEUU. En los catorce meses a cargo del caso, el magistrado ha recabado importante información en Estados Unidos que se sumó a la entregada por el Senado de ese país en el marco de la investigación al Banco Riggs, donde se descubrieron millonarias cuentas secretas a nombre del ex dictador.
La versión periodística añade que el juez habría detectado movimientos de dinero del clan Pinochet desde y hacia el BankAtlantic de Miami, así como de los colaboradores y de las más de veinte empresas de papel creadas en los paraísos fiscales del Caribe para ocultar dineros, y que también fueron embargadas. El magistrado designó además dos interventores, Alejandro Alvarez y Daniel Vielleville, que serán los responsables de manejar todos los fondos vinculados a Pinochet y su entorno para depositarlos en una cuenta especial radicada en Santiago.
Muñoz señala que estos dineros "deberán ser consignados a la orden de este tribunal, para lo cual se tomará un depósito en dólares, reajustable y prorrogable". La resolución del juez ya fue notificada al Consejo de Defensa del Estado y a los querellantes. El próximo 5 de octubre, la Corte Suprema examinará la petición de desafuero contra Pinochet, aprobada por la Corte de Apelaciones el pasado 7 de junio y apelada por su defensa.
Añade que los bienes incautados pertenecerían además de Pinochet a su esposa, Lucía Hiriart; su hijo Marco Antonio; a su ex albacea Oscar Aitken, y a su secretaria privada, Mónica Ananías. También a los generales en retiro Jorge Ballerino, Guillermo Garín, el teniente coronel retirado Eugenio Castillo y los coroneles en servicio activo Gabriel Vergara y Juan Ricardo Mac Lean.
Esta semana el juez Muñoz, que investiga el origen de la fortuna del ex dictador (1973-1990), ha interrogado a todos estos oficiales a los que se agregó el sucesor de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército, el general retirado Oscar Izurieta, quien fue ex agregado militar de la embajada de Chile en EEUU. En los catorce meses a cargo del caso, el magistrado ha recabado importante información en Estados Unidos que se sumó a la entregada por el Senado de ese país en el marco de la investigación al Banco Riggs, donde se descubrieron millonarias cuentas secretas a nombre del ex dictador.
La versión periodística añade que el juez habría detectado movimientos de dinero del clan Pinochet desde y hacia el BankAtlantic de Miami, así como de los colaboradores y de las más de veinte empresas de papel creadas en los paraísos fiscales del Caribe para ocultar dineros, y que también fueron embargadas. El magistrado designó además dos interventores, Alejandro Alvarez y Daniel Vielleville, que serán los responsables de manejar todos los fondos vinculados a Pinochet y su entorno para depositarlos en una cuenta especial radicada en Santiago.
Muñoz señala que estos dineros "deberán ser consignados a la orden de este tribunal, para lo cual se tomará un depósito en dólares, reajustable y prorrogable". La resolución del juez ya fue notificada al Consejo de Defensa del Estado y a los querellantes. El próximo 5 de octubre, la Corte Suprema examinará la petición de desafuero contra Pinochet, aprobada por la Corte de Apelaciones el pasado 7 de junio y apelada por su defensa.