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El fiscal pide 24 años de prisión para Asier Ormazábal por pertenencia a ETA, a pesar de que ya fue juzgado por ello

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, elevó este martes a definitiva su petición de 24 años de cárcel para Asier Ormazábal Liceaga por pertenencia a banda armada, depósito de armas y tenencia de explosivos. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió que sólo se le condene por depósito y tenencia ya que el terrorista ya fue condenado por el primero de estos delitos. La defensa pidió la libre absolución de su cliente. El juicio, que fue celebrado por la Sección Tercera de la Audiencia, quedó visto para sentencia.

L D (Europa Press) El fiscal dijo en su informe final de conclusiones que no se opone a una refundición de las condenas por pertenencia si tras una comprobación oficial se demuestra que la anterior condena es firme. El abogado de Ormazábal, Aitor Ibero, señaló que en septiembre del año pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró "cosa juzgada" la acusación de pertenencia para su cliente. Asimismo, señaló que no hay ninguna prueba para sostener las otras dos imputaciones contra él, "salvo que se quiera pretender que, por el hecho de ser de ETA, tiene que tener explosivos", dijo.
 
El fiscal Santos se basó en la declaración judicial de Agustín Almaraz, prestada asistido de un letrado de su confianza (Txema Matanzas), para sostener la acusación contra Ormazábal. En aquella declaración, Almaraz implicó al acusado como la persona que guardaba el material terrorista del "comando Itsasadar", según el representante del Ministerio Público.
 
Al inicio de la vista, Asier Ormazábal fue expulsado tras amenazar al tribunal con dar "mamporros y golpes" a la cámara blindada desde la que seguía el juicio. El presidente de la Sección Tercera, Antonio Díaz Delgado, optó por enviarle a los calabozos antes de que cumpliera su amenaza.
 
Ormazábal está acusado de formar parte del "comando Itsasadar", que, entre otros atentados, cometió en enero de 1995 el perpetrado contra dos policías que prestaban su servicio en unas dependencias del DNI en Bilbao. Uno de los agentes murió y el otro resultó herido grave.

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