L D (Europa Press) Otegi, para el que el fiscal pedía quince meses de prisión por este delito, fue absuelto el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, órgano que juzgó los hechos al ser el imputado entonces aforado, como diputado del Parlamento de Vitoria. El tribunal vasco, como recordó hoy el fiscal, admitió que las palabras del portavoz de Batasuna fueron "ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad", pero entendió que no eran injurias graves, por lo que estaban amparadas por la libertad de expresión.
El fiscal Navajas sostuvo durante la vista que ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han amparado como libertad de expresión críticas mendaces, por lo que, en su opinión, la sentencia del TSJ vasco se equivocó a la hora de ponderar las supuestas críticas que, según la defensa, Otegi dirigió al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a través del Rey, ya que ese mismo día ambos inauguraban un edificio.
El representante de la acusación pública insistió en que no se trata de que la figura del Rey no sea criticable, pero no es equivalente a otras dentro del juego político. Además, recordó que la Constitución le define como "jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia" y quien "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones". Aseguró que las manifestaciones injuriosas de Otegi contra el Rey se produjeron en una rueda de prensa, celebrada en febrero de 2003, con motivo de una visita del Rey al País Vasco, por lo que no se pueden justificar con el acaloramiento propio de los mítines políticos en los que un líder habla frente a un público entregado.
Los límites de la libertad de expresión
En la comparecencia, el portavoz de Batasuna dijo que don Juan Carlos era "el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia". Según el fiscal, dentro de los límites amplios de la libertad de expresión que contempla nuestro ordenamiento no se reconoce el derecho sistemático al insulto ni se protegen las manifestaciones ofensivas, oprobiosas o impertinentes.
Sin embargo, la defensa de Otegi, que ejerció la abogada Jone Goirizelaia, aseguró que el portavoz de Batasuna se refirió al monarca en respuesta a una pregunta de un periodista en el contexto de una rueda de prensa en la que criticaba a Ibarretxe, por lo que forman parte de una crítica política, realizada por un responsable político en el ejercicio de su actividad política, y no pueden ser calificadas de injuriosas. Explicó que para ser constitutivas de este delito las afirmaciones deben constituir una lesión grave a la dignidad de la persona injuriada, que lleve aparejada menosprecio y deshonor, lo que, en su opinión, difícilmente puede tenerse en cuenta en este caso, porque Otegi hizo las manifestaciones y pasaron inadvertidas hasta por la Casa Real hasta que tres días después la Fiscalía presentó una querella.
Goirizelaia defendió la sentencia del TSJ vasco, porque había tenido en cuenta el contexto en el que Otegi había realizado sus manifestaciones para absolverle, coincidiendo con una visita del Rey al País Vasco y en los días en que el director del clausurado "Euskaldunon Egunkaria", Martxelo Otamendi, y otros directivos de este diario denunciaron torturas a manos de la Guardia Civil tras sus detenciones. Añadió que las afirmaciones de Otegi, según ella, consistentes en llamarle "jefe de los que torturan" y "presidente de los que imponen en el País Vasco por las armas la imposibilidad de decidir su futuro" son compartidas por "bastantes agentes políticos y sociales del País Vasco", y se puede estar en desacuerdo con ellas, pero no considerarlas injuriosas. Agregó que "el insulto no está reflejado en el ordenamiento, pero tampoco está penado como delito".
Un "Estado democrático"
Tras señalar que "se habla de que el Estado español es un estado democrático", donde tienen cabida expresiones que no son compartidas por la mayoría, Goirizelaia insistió en que Otegi no puede ser condenado por injurias por su manifestaciones contra el Rey al haberlas hecho como responsable político en el ejercicio de su actividad, ya que si no, habría que juzgar entonces a todos los que parodian a los miembros de la familia Real.
Durante el juicio en el TSJ del País Vasco, la Fiscalía pidió 15 meses de prisión para Otegi por un delito de "injurias graves" y el dirigente radical negó intención de injuriar y puntualizó que él "no hizo responsable de torturas" al Rey sino a quienes supuestamente las practican. La sentencia del TSJ vasco recordó la doctrina de los tribunales Constitucional y Europeo de Derechos Humanos según la cual "la tutela del derecho al honor se debilita, proporcionalmente, como límite extremo de las libertades de expresión e información, cuando sus titulares, como en el caso que nos ocupa, son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública".
Las declaraciones de Otegi, añadió la resolución, "se realizaron en un ámbito que puede sin dificultad considerarse de carácter público -político e institucional-, no sólo en razón de la condición del sujeto agente -parlamentario del Parlamento Vasco-, sino también de la de la autoridad a la que se dirige, coincidente con la más Alta Magistratura del Estado".