L D (EFE) En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el gobernante anunció la promulgación de un decreto para modificar el mapa de diputaciones electorales y llamar a los ciudadanos a las urnas.
El mandatario dijo que su decisión obedece al peligro que corre la democracia boliviana si no se celebran los comicios, después de que el viernes pasado la Corte Nacional Electoral anunciara que no podían realizarse el 4 de diciembre por falta de tiempo.
El anuncio se produjo después de que fracasara por segundo día consecutivo una reunión extraoficial entre los líderes cívicos y representantes parlamentarios de los nueve departamentos bolivianos que buscaban un acuerdo sobre la cuestión. El decreto modifica una reforma del año 1996 por la que se distribuyeron los 130 representantes de la Cámara Baja.
El presidente otorgó tres diputados más a Santa Cruz, que queda con 25, y uno a Cochabamba (19), le resta dos a La Paz (29), uno a Oruro (9) y uno a Potosí (14) y mantiene los de Chuquisaca (11), Tarija (9), Beni (9) y Pando (5). En su discurso, Rodríguez admitió "la enorme dificultad de encontrar acuerdos que satisfagan a todas las regiones", pese a los esfuerzos llevados a cabo por el Congreso y las organizaciones cívicas y sociales de las regiones. "Todas (las fórmulas) merecen ser reconocidas como legítimas y dignas de consideración, pero lamentablemente una sola debe prosperar", anotó, antes de anunciar su resolución.
La redistribución de los escaños parlamentarios en Bolivia fue forzada por una sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de septiembre, que declaró ilegal el artículo 88 de la Ley Electoral relativo al mapa electoral y obligó a modificarlo en base al último censo de población, del año 2001. Rodríguez basó su determinación en la necesidad de cumplir el mandato que recibió el pasado 9 de junio de conducir el proceso electoral, "en circunstancias absolutamente extraordinarias" y tras "una severa crisis política".
De esta forma se refirió a la dimisión de su antecesor en el cargo, Carlos Mesa (2003), tras una grave ola de protestas sociales que propiciaron el acortamiento del mandato, cuya conclusión estaba prevista para 2007. Para promulgar el decreto, Rodríguez apeló a los principios básicos de la Constitución boliviana relativos al derecho ciudadano a participar en la vida pública del país mediante el sufragio.