L D (Agencias) Según el manifiesto, presentado hace días ante el PE por Herrero y otros ocho periodistas, en mayo de 1999 la Generalidad de Cataluña "arrebató a la cadena COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, todas sus frecuencias en FM en Tarragona, Manresa y Barcelona". Esta decisión fue revocada en marzo de 2000 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por vulnerar "el derecho fundamental a la libertad de expresión", pero en septiembre de 2005, el gobierno de la Generalidad "acordó continuar con los procedimientos de readjudicación de las emisoras afectadas".
La demanda resalta además que la decisión de la Generalidad se produjo a pesar de las denuncias recibidas por parte de las Asociaciones profesionales españolas de comunicación, e insta al Parlamento Europeo a que "investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su veracidad y obre después en consecuencia". Fuentes del Grupo Popular en el PE explicaron que el objetivo de esta denuncia es que la Eurocámara reaccione como lo hizo hace días con el caso de las recalificaciones urbanísticas de la Comunidad Valenciana y dé "un toque de atención a la Generalidad de Cataluña".
La demanda resalta además que la decisión de la Generalidad se produjo a pesar de las denuncias recibidas por parte de las Asociaciones profesionales españolas de comunicación, e insta al Parlamento Europeo a que "investigue con carácter de urgencia los hechos denunciados, certifique su veracidad y obre después en consecuencia". Fuentes del Grupo Popular en el PE explicaron que el objetivo de esta denuncia es que la Eurocámara reaccione como lo hizo hace días con el caso de las recalificaciones urbanísticas de la Comunidad Valenciana y dé "un toque de atención a la Generalidad de Cataluña".
El texto denuncia la "campaña de acoso a la Cadena COPE" a la que define como "operación política" destinada "a desposeer a la segunda cadena de radio más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña" lo que vulnera las leyes europeas sobre libertad de expresión. "La operación política que se ha puesto en marcha en España, si se consuma, hará imposible el ejercicio de ese derecho fundamental en una amplia zona geográfica de la Unión".
Especial mención a Montilla
El texto hace especial mención a las declaraciones del ministro de Industria, José Montilla, último responsable del espacio radioeléctrico en España, por lo que, según el manifiesto, "la decisión de cercenar la libertad de expresión de la COPE se antoja inminente".
El Manifiesto es una iniciativa de Luis Herrero, Pedro J. Ramírez, Alfonso Ussía, Javier Rubio, Antonio Mingote, Tomás Cuesta, Melchor Miralles, Amando de Miguel, Cayetana Álvarez de Toledo.