L D (Europa Press) Así, el auto confirma la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de Roquetas de Mar (Almería) que el 8 de agosto desestimó la petición de prisión provisional contra dos de los nueve imputados en la muerte de Juan Martínez Galdeano, fallecido el 24 de julio en el cuartel de la Guardia Civil del municipio roquetero.
El Ministerio Fiscal pidió la medida cautelar para evitar "la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto", si bien precisó que para valorar la existencia de este peligro "se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí, o a través de terceros, a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo". En particular, se alegaba que existe el riesgo de una influencia de dichos imputados sobre los demás agentes de la Guardia Civil, también imputados, como lo acreditaría "la existencia de unas declaraciones homogéneas de todos ellos en las diligencias previas".
Según los fundamentos de derecho del auto, el examen de los testimonios de los agentes, ante la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y ante la Juez de Instrucción, ponen de manifiesto que "el auto recurrido no debe ser reformado porque nos encontramos ante declaraciones vertidas sobre unos mismos hechos por varios agentes de la Guardia Civil, de las que no se puede deducir por sí solas una influencia del entonces superior jerárquico en aquel momento".
Asimismo, los magistrados de la Sección Segunda recuerdan que actualmente el teniente se encuentra suspendido en sus funciones como oficial de la Guardia Civil y comandante del puesto, como lo era el día de los hechos, por lo que consideran que "difícilmente de haber existido esa influencia, puede ahora continuar durante la tramitación del proceso", que también hacen extensible al otro agente para el que se pedía prisión preventiva.
El auto de la Audiencia desestima las alegaciones de la acusación particular fundadas en la "alarma social, riesgo de fuga o reiteración delictiva". Por último, para los magistrados de la Sección Segunda "se considera por el momento conveniente mantener la situación actual de libertad de los agentes, respecto de los que se ha solicitado la prisión preventiva", desestimando el recurso de apelación interpuesto por el fiscal y la acusación particular.