Los resultados de la autopsia desvirtúan "el arma" en el que se basaba la defensa de los acusados, que recurrieron el auto de prisión alegando que la grabación del cajero no probaba que los jóvenes hubiesen agredido a la indigente ni que en el cajero se hubiese cometido un asesinato, ya que en el momento en el que es quemada todos estaban fuera de plano. Además, el abogado explicó que sería posible practicar una segunda autopsia, ya que "no se ha autorizado el entierro de María Rosario y el cuerpo está a disposición de la autoridad judicial por si las acusaciones o las defensas solicitan nuevas pruebas".
La acusación particular ya ha podido ver el vídeo de seguridad del cajero, en el que, según el letrado, se ven las constantes idas y venidas de los tres individuos en el lapso de tiempo en el que se produce la agresión. "Las imágenes no muestran agresiones físicas directas sobre Rosario, sino que se puede ver a los agresores tirando cosas y golpeando en dirección al lugar donde estaba ella", sostuvo Costa. Aún así, "teniendo en cuenta las heridas que la víctima presentaba, creemos que la agresión iba dirigida hacia ella, no tenemos ninguna duda de que se trata de una causa-efecto".
Así, según Costa "no se ven golpes y en gran parte de la grabación no se ve a la mujer, que permanece en un ángulo fuera de cámara". "Se debe tener en cuenta que las cámaras de seguridad del cajero no estaban preparadas para grabar este tipo de hechos", apuntó.
Otro momento que sí que aparece es la entrada del acusado menor de edad con el bidón en las manos. "Se ve claramente que la etiqueta dice que es disolvente y que es altamente inflamable", aseguró Costa. "Él entra en el cajero con Ricard y no se ve si tira el líquido sobre Rosario o en el suelo, sólo se ve un fogonazo", explicó. Según el letrado, mientras tanto, Oriol está vigilando en el exterior del cajero "para poder actuar con impunidad y escapar si viene alguien".
La acusación particular considera que los tres jóvenes participaron conjuntamente, "aunque siempre hay una persona que tiene más participación que los demás en la muerte". Aún así, Lluís Costa considera que "no se debe olvidar que los tres chicos estaban en el lugar y que la participación de todos es activa, tanto por acción como por omisión". "Creemos que los tres son co-autores del crimen", apuntó.
El letrado explicó que la acusación particular ha solicitado a la juez que los Mossos d'Esquadra busquen al testigo que sobre las dos de la madrugada, mientras se producía la primera agresión, pasó por delante del cajero y se dirigió a los agresores al ver que estaban vejando a la víctima para increparles su conducta. "Creemos que es un hombre y que actualmente existen medios técnicos para identificarle a través de las grabaciones", apuntó el letrado. "Sería importante que acudiese a declarar para explicar la actitud que estaban manteniendo los agresores", añadió.
Asimismo, Costa ha solicitado al juez que, mediante la declaración de una amiga que dijo que los acusados hostigaban con frecuencia a indigentes, busquen las grabaciones que presuntamente habían realizado con sus móviles de las vejaciones, así como que, con ayuda del dueño del cibercafé que frecuentaban, localicen a las personas que tienen las imágenes.
Costa pidió la colaboración de cualquier persona que pudiese tener los vídeos, ya que los considera importantes para acreditar "el modus operandi de estas personas que han demostrado tal desprecio por la raza humana". "Se trata de demostrar que este no es un hecho aislado para que no queden impunes", explicó.
Según el letrado, el objetivo de la acusación particular ejercida por la madre y la hija de María Rosario E.P. "es coadyuvar a las actuaciones y las pesquisas que se lleven a cabo durante la investigación para obtener una sentencia condenatoria". En cuanto a la posibilidad de exigir responsabilidad civil, Costa explicó que las ayudas públicas a la madre y la hija de la víctima están "vetadas", ya que ellas no dependían de María Rosario y el Estado no tiene obligación de hacerse responsable. Además, según explicó, "los jóvenes acaban de cumplir 18 años y sería raro que pudiesen aportar algún bien".
La defensa dice que no existía intención de causar tanto daño
Los abogados defensores, por su parte, solicitaron la libertad con fianza de Ricard P.B. y Oriol P.S. y consideran que los hechos se deben juzgar como un homicidio imprudente, ya que a su juicio no existía intención de causar tanto daño.
Sin embargo, Lluís Costa considera que los hechos constituyen un delito de asesinato, ya que existen las agravantes de alevosía y ensañamiento. "Debemos tener en cuenta que María Rosario estuvo agonizando en el suelo sin que los jóvenes la ayudaran ni llamaran a la Policía", explicó. "Creemos que existe la obligación moral de que los tres jóvenes sean castigados", añadió.