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Cuatro oficiales del Ejército filipino sublevados en 2003 amenazan con derrocar a la presidenta Macapagal

Los cuatro oficiales del Ejército filipino que se sublevaron en julio del 2003 y que se fugaron de la cárcel esta semana difundieron este jueves un comunicado en el que afirman que derrocarán al Gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo por haber traicionado al pueblo.

LD (EFE) En una a nota de prensa, el capitán Nathaniel Rabonza y los tenientes de primera Lawrence San Juan, Patricio Bumidang y Sonny Sarmiento, los cuatro oficiales filipinos que se levantaron en armas en julio, de 2003, han prometido que derrocarán al actual Gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Atrroyo.
 
"No vamos a seguir soportando la represión que este régimen ha impuesto para poder legitimar su Gobierno. Es esta represión la que previene, e incluso castiga, a los miembros de las Fuerzas Armadas de cumplir su cometido de defender al pueblo filipino", comienza el texto en el que se advierte de que los inconformes "no están silos".
 
Los cuatro oficiales sublevados acusan a la mandataria y su Gobierno de ser "los enemigos del pueblo" y rechazan seguir siendo sus peones. "El mandato del pueblo es claro: la corrupción, la ilegitimidad y la negligencia deben terminar. No buscamos sólo un cambio de dirigentes, sino del sistema que elige a personas que son enemigas del pueblo y que perpetúan la exclusión de la mayoría", afirman Rabonza, San Juan, Bumidang y Sarmiento.
 
"La mayor parte de las Fuerzas Armadas siguen fieles a su juramento y comparten nuestra visión. Formamos parte de las nuevas Fuerza Armadas (...) El tiempo de actuar es ahora", concluye el comunicado de prensa.
 
Esos cuatro oficiales formaban parte del contingente de unos trescientos mandos y soldados que el 27 de julio del 2003 entraron en Manila y asaltaron un complejo comercial y residencial del distrito financiero de Makati, donde colocaron cargas explosivas y exigieron la destitución de Macapagal Arroyo, su ministro de Defensa y los jefes del Ejército y la Policía, tras acusarlos de corrupción. La asonada se solucionó mediante el diálogo ese mismo día y los alzados en ramas se entregaron tras desactivar los explosivos.

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