LD (EFE) Además, Javier de la Rosa, para el que el fiscal pide 38 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad, propuso al tribunal que declare como testigo el actual consejero delegado de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Rafael Montes, para que explique, junto a "los Albertos", la relación entre Quail-España y la sociedad Cartera Central.
Fuentes empresariales indicaron que la sociedad Cartera Central se liquidó a inicios de los noventa, cuando ni siquiera Cortina y Alcocer eran ya administradores, con lo que los empresarios no recordarían ni podrían aportar documentos acreditativos de las operaciones.
La defensa De la Rosa sostiene que Quail-España, como banco de inversiones, cobró una comisión por las operaciones de la sociedad Cartera Central, derivada entre otros factores, de la venta por parte de Cortina y Alcocer de la venta de los terrenos sobre los que se asientan las torres KIO al grupo kuwaití, a través de la sociedad Howritz, de Enrique Sarasola. También señalan que Cartera Central hizo pagos ligados a las operaciones Oakthorn 1 y Pimcinco que, ahora, serán juzgadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En las denominadas "cuestiones previas" del juicio –para determinar las pruebas y los testigos–, el empresario Javier de la Rosa reiteró que siempre "siguió ordenes" de sus superiores del grupo KIO al tomar estas decisiones por las que se le acusa. Además alegó "indefensión" al no haber sido aprobadas las pruebas pedidas por él para su propia defensa, ya que el empresario actúa como letrado defensor junto a su hija, Gabriela de la Rosa.
En este sentido, Javier de la Rosa indicó que el grupo Torras, que encabeza la acusación particular, "únicamente" ha facilitado "la documentación" que "les ha convenido" y, por ello, pidió que "se conozca todo el trabajo de Quail-España y su relación con Torras y Kio", a través de "rangos jerárquicos, contabilidad, actas de operaciones y 'projects department' de KIO".
Fuentes empresariales indicaron que la sociedad Cartera Central se liquidó a inicios de los noventa, cuando ni siquiera Cortina y Alcocer eran ya administradores, con lo que los empresarios no recordarían ni podrían aportar documentos acreditativos de las operaciones.
La defensa De la Rosa sostiene que Quail-España, como banco de inversiones, cobró una comisión por las operaciones de la sociedad Cartera Central, derivada entre otros factores, de la venta por parte de Cortina y Alcocer de la venta de los terrenos sobre los que se asientan las torres KIO al grupo kuwaití, a través de la sociedad Howritz, de Enrique Sarasola. También señalan que Cartera Central hizo pagos ligados a las operaciones Oakthorn 1 y Pimcinco que, ahora, serán juzgadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En las denominadas "cuestiones previas" del juicio –para determinar las pruebas y los testigos–, el empresario Javier de la Rosa reiteró que siempre "siguió ordenes" de sus superiores del grupo KIO al tomar estas decisiones por las que se le acusa. Además alegó "indefensión" al no haber sido aprobadas las pruebas pedidas por él para su propia defensa, ya que el empresario actúa como letrado defensor junto a su hija, Gabriela de la Rosa.
En este sentido, Javier de la Rosa indicó que el grupo Torras, que encabeza la acusación particular, "únicamente" ha facilitado "la documentación" que "les ha convenido" y, por ello, pidió que "se conozca todo el trabajo de Quail-España y su relación con Torras y Kio", a través de "rangos jerárquicos, contabilidad, actas de operaciones y 'projects department' de KIO".