Conocido el contenido íntegro del comunicado de la banda terrorista ETA, los diputados de UPN en el Congreso de los Diputados manifestamos:
1. El alto el fuego decretado por ETA no reúne, a nuestro juicio, ninguno de los requisitos exigidos en las Resoluciones del Congreso de los Diputados de 17 de mayo y de 21 de junio de 2005 para abrir procesos de diálogo conducentes al final de la violencia terrorista sin pagar precio político alguno y ello por las siguientes consideraciones:
ETA pretende la apertura de una negociación política para lograr el reconocimiento como nación de esa entidad ficticia a la que llaman Euskal Herria, incluyendo en ella a la Comunidad Autónoma Vasca, a la Comunidad Foral de Navarra y a los territorios vasco-franceses.
- ETA mantiene su rechazo a la Constitución y al Estatuto de Autonomía del País Vasco, que a su juicio configuran un marco de negación de los derechos del pueblo vasco, consagran la partición de su territorio y son fruto de una imposición antidemocrática.
- ETA no sólo no ha anunciado su voluntad inequívoca de cesar definitivamente en la violencia mediante la entrega de las armas, sino que se limita a decretar de forma unilateral un “alto el fuego” con el fin de poner en marcha un autodenominado proceso de paz, tutelado por la banda terrorista, para alcanzar una salida negociada al supuesto conflicto que enfrenta según ella a los Estados español y francés con el pueblo vasco.
- ETA continúa reivindicando el derecho a la autodeterminación cuyo ejercicio se pretende a través del refrendo del acuerdo político que pueda alcanzarse por los “agentes” políticos de Euskal Herria.
- ETA no hace ninguna referencia a las víctimas del terrorismo ni expresa ningún arrepentimiento por sus crímenes ni la menor voluntad de resarcimiento del daño causado por su actividad criminal.
2. En este contexto, la creación de una “mesa de partidos” para negociar con los representantes políticos de ETA un nuevo marco jurídico o estatus para Euskal Herria vulnera radicalmente la resolución de 21 de junio de 2005 aprobada por el Congreso de los Diputados que rechazó “toda posibilidad de que ETA o cualquier organización respaldada por la misma sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general y el propio de Navarra en particular”.
3. En lo que a Navarra se refiere y como representantes del pueblo navarro en las Cortes Generales, nos vemos en la precisión de recordar:
- Que el pueblo navarro refrendó en 1978 como marco de convivencia la Constitución española que ampara y respeta sus derechos históricos o régimen foral y que sigue siendo para la inmensa mayoría del pueblo navarro su norma fundamental.
- Que su actual estatus jurídico-político como Comunidad Foral no es fruto de ninguna imposición sino de la libre decisión del pueblo navarro cuyos legítimos representantes aprobaron en 1982 el Amejoramiento del Fuero que convirtió a Navarra en una de las comunidades españolas con mayor grado de autonomía dentro de la nación española.
- Que sólo el pueblo navarro tiene derecho a alterar su estatus jurídico-político, por lo que cualquier pretensión de alterar dicho régimen en negociaciones con la banda terrorista ETA o quienes políticamente la representen supondría una vulneración del derecho del pueblo navarro a preservar su identidad y su libertad colectiva, derecho expresamente garantizado por la Constitución.
4. Finalmente, expresamos nuestra plena identificación con el presidente del Partido Popular en su declaración de apoyo al Gobierno para evitar el pago de ningún precio político y el respeto a los principios esenciales del Estado de Derecho, todo ello en el marco del pacto por las libertades y frente al terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2006
Jaime Ignacio del Burgo
Carlos Salvador Armendáriz
Diputados por Navarra (UPN)