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Morales rechaza negociar con los transportistas durante la primera huelga que enfrenta su Gobierno

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha mostrado firme en no negociar con los transportistas que han declarado la primera huelga importante que enfrenta su Gobierno. La protesta, que no ha logrado paralizar las actividades cotidianas en las principales ciudades, está orientada a impedir que la entrada en vigor de un decreto que impone a las empresas propietarias de autobuses la emisión de facturas para que paguen más tributos a partir de mayo.

LD (EFE) El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha lanzado duras criticas contra los transportistas que mantienen una huelga contra el Gobierno del presidente Evo Morales y que es observada parcialmente. La medida pretende impedir la entrada en vigor de un decreto que impone a las empresas propietarias de autobuses la emisión de facturas para que paguen más tributos a partir de mayo.
 
García Linera acusó a los huelguistas de chantaje y felicitó a los ciudadanos por haber acudido a sus puestos de trabajo pese a las dificultades. Consideró la reacción de la población como la "victoria de un país que apuesta por el cambio", al tiempo que reiteró la postura del Gobierno de rechazar el reclamo de los chóferes.
 
"Los impuestos no se negocian", advirtió el vicepresidente, aunque aclaró que el Ejecutivo de La Paz está dispuesto a "tratar otros temas en beneficio de la institución y del sector", como la construcción y mejora de la infraestructura vial. El Gobierno de Morales exige a los dueños de los autobuses que emitan facturas y paguen los impuestos al valor añadido, a las transacciones y a los beneficios, y de esta forma evitar que continúen amparados en un régimen en el que pagan ínfimas sumas, pese a tener inversiones notables.
 
Según el Ministerio de Hacienda, 177 propietarios tienen registrados oficialmente 248 autobuses y pagan entre todos la cantidad de 1.843 dólares anuales en el "régimen integrado". Sin embargo, las compañías de transporte operan en todo el país con 1.167 flotas que, si ingresaran al "régimen general", tributarían anualmente 2,3 millones de dólares.

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