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María José Campanario pasa a disposición judicial por su implicación en un fraude a la Seguridad Social

La esposa del torero "Jesulín de Ubrique" ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Jerez de la Frontera, en Cádiz, tras su detención como presunta implicada en un fraude para la concesión de pensiones por incapacidad laboral. María José Campanario fue arrestada hacia el mediodía de este sábado y permaneció en depedencias de la Guardia Civil hasta pasadas las cinco de la tarde. Entonces fue trasladada al juzgado en coche aunque, debido a los cristales tintados del vehículo, no se han podido captar imágenes de su rostro.

La esposa del torero "Jesulín de Ubrique" ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Jerez de la Frontera, en Cádiz, tras su detención como presunta implicada en un fraude para la concesión de pensiones por incapacidad laboral. María José Campanario fue arrestada hacia el mediodía de este sábado y permaneció en depedencias de la Guardia Civil hasta pasadas las cinco de la tarde. Entonces fue trasladada al juzgado en coche aunque, debido a los cristales tintados del vehículo, no se han podido captar imágenes de su rostro.

L D (EFE) Fuentes de la Guardia Civil han señalado que la mujer de Jesulín de Ubrique estaría "directamente implicada en la trama". Además de Campanario, otras nueve personas, entre las que se encuentra un empresario de Ubrique (Cádiz) y un inspector de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (órgano que decide en último término la concesión de las bajas laborales), han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Todos ellos han pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez.

En la operación "Karlos", que investiga una trama dedicada a la falsificación de documentos para conseguir incapacidades laborales, también fue detenida la secretaria de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, así como tres médicos, una funcionaria del Servicio Andaluz de Salud, un trabajador que obtuvo la jubilación por incapacidad laboral ilegalmente y un policía local de Prado del Rey (Cádiz), según las fuentes de la Guardia Civil.

Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año cuando la Guardia Civil descubrió que varias personas se beneficiaron de pensiones de invalidez tras conseguir bajas médicas que obtenían tras pagar 24.000 euros a los implicados en esta trama, según una nota de prensa del instituto armado.

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