L D (Europa Press) Esta práctica, que va desde la extirpación del clítoris hasta el cosido de los labios vaginales, ya está tipificada en el Código Penal, con una pena de entre 6 y 12 años de cárcel. El Congreso, no obstante, considera pertinente modificar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para que pueda ser perseguida cuando el delito se realiza en el extranjero, aprovechando viajes o estancias en los países donde se realizan estas prácticas. Cuando entre en vigor esta ley, la jurisdicción española será competente para perseguir los hechos fuera del territorio nacional, según la ley penal española, tal y como sucede con delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico de drogas.
Aunque existe unanimidad en el objeto de la Ley, las formaciones políticas discrepan respecto al ámbito de aplicación de la norma. Así PP y PNV defendieron una enmienda, que ciñe la aplicación a los inmigrantes que residen en España de manera legal o ilegal. Ambas fueron rechazadas. El PSOE sin embargo, cree que España ha de establecer en su legislación interna el principio de "jurisdicción universal". Por este motivo la norma permitirá que sus tribunales puedan enjuiciar este delito cuando sea cometido por personas, no sólo que residan, sino también cuando se encuentren de tránsito y aunque los hechos hayan ocurrido en otro Estado.
En España se tuvo constancia de estas prácticas a raíz de varios casos en los que niñas inmigrantes pidieron auxilio a sus profesores en el colegio, ante el temor de que sus familiares les mutilaran durante un periodo de vacaciones en su país de origen. El Defensor del Pueblo también se ha hecho eco de casos en los que inmigrantes acudieron a centros sanitarios para que procedieran a la mutilación genital de sus hijos.