La consejería dirigida por Manuel Lamela considera que esta decisión judicial "viene a frustrar las esperanzas de muchos miles de madrileños que ya habían decidido hacer uso de los depósitos privados de cordón en la región en los próximos meses". Cuestiona por ello "quién debería responsabilizarse de reparar los perjuicios -económicos entre otros- que desde hoy mismo afectan a las madres que se verán obligadas a seguir depositando la sangre de cordón de sus hijos fuera de España".
La Consejería de Sanidad considera además que la decisión del Ministerio de recurrir el decreto regional ha dejado a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid sin la posibilidad de ejercer libremente un derecho del que ya disfrutan otros muchos países de la Unión Europea y del mundo. Dicha postura para la Consejería "resulta aún más incomprensible", habida cuenta de que el Ministerio de Sanidad anunció recientemente su voluntad de consentir la autorización de depósitos privados de cordón en España, "poco después, eso sí, de haber valorado públicamente que no era oportuna la creación de estos depósitos".
Por ello, anuncian en el comunicado que el Gobierno de Aguirre "agotará todos los recursos jurisdiccionales a su alcance, incluido el Tribunal Constitucional, con objeto de que se levante la suspensión decidida por el TSJM y de que se restablezca la cordura y respeto por el derecho a la libre elección de las personas". La Comunidad de Madrid explica que los ciudadanos "tienen derecho" a elegir entre un depósito privado o la donación a un banco público, y el papel de la Administración debe ser el de garantizar esa opción individual, libre y voluntaria, por lo que "una vez más" defenderá la escrupulosa legalidad de su norma y recurrirá la decisión del Tribunal Superior.
Desde el PSM-PSOE, su portavoz en la Asamblea, Rafael Simancas, pidió este viernes la dimisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por haber "puesto otra vez a Madrid al margen de la ley" con el Decreto que regula los bancos privados de sangre de cordón umbilical. Simancas dijo en un acto en Leganés que la "estrategia de confrontación del Gobierno de Esperanza Aguirre está situando a la Comunidad de Madrid al margen de la legalidad".