LD (EFE) El secretario general de esta asociación, José Manuel Galindo, ha valorado la iniciativa del Ministerio de Vivienda para luchar contra la especulación del suelo y fomentar la transparencia, pero ha destacado que todavía quedan tres aspectos que preocupan a los promotores.
De hecho, Asprima considera que la horquilla, que establece el porcentaje de suelo que las promotoras tienen que ceder obligatoriamente a los ayuntamientos, entre el 5 y el 15 por ciento, es demasiado amplia.
"La actual ley, que data de 1998, fijó en el 10 por ciento este porcentaje", explicó Galindo. "Ahora pasamos al 15 por ciento, lo que repercute en los costes finales porque te queda menos de la tarta". De esta manera, para mantener los márgenes de beneficio tendrán que aumentar los precios de los pisos.
De hecho, Asprima considera que la horquilla, que establece el porcentaje de suelo que las promotoras tienen que ceder obligatoriamente a los ayuntamientos, entre el 5 y el 15 por ciento, es demasiado amplia.
"La actual ley, que data de 1998, fijó en el 10 por ciento este porcentaje", explicó Galindo. "Ahora pasamos al 15 por ciento, lo que repercute en los costes finales porque te queda menos de la tarta". De esta manera, para mantener los márgenes de beneficio tendrán que aumentar los precios de los pisos.
Los ayuntamientos podrán, excepcionalmente, bajar este porcentaje al cero por ciento o subirlo al 20 dependiendo de si no hay plusvalías o, por contra, hay muchas. Para Galindo esta medida no sirve para nada si no se hace un control del uso de este suelo. En teoría, el suelo cedido, que sirve como medio de financiación de las haciendas locales, debe ser empleado para la construcción de viviendas protegidas, lo que, desgraciadamente no siempre es el caso, según Galindo.
A juicio de este experto, otra de las medidas que recoge el anteproyecto, la de la valoración de suelo, introduce "incertidumbre e inseguridad" en cuanto a procesos urbanísticos ya en marcha y a futuros desarrollos. El anteproyecto limita a dos los tipos de suelo: el rural y el urbanizado. Los criterios de valoración parten de la base de que "el suelo vale lo que vale" a efectos de expropiaciones, de reparcelación forzosa, o de venta o de sustitución forzosa. El sistema que pretende utilizar el Gobierno tendrá en cuenta el valor real del suelo rústico, con las inversiones e iniciativas que se hayan producido, pero sin que se retribuyan valores especulativos.
Además, Asprima afirma que el anteproyecto se olvida de la posición del suelo, algo imprescindible porque "los terrenos adquieren valor según su ubicación y no por su valor de explotación". Según Galindo, se podría dar la circunstancia de que un suelo al lado de Madrid, con infraestructuras de acceso, costara más barato que un suelo que explota tomates en la sierra.
El tercer aspecto de la Ley del Suelo que no es del agrado de los promotores es la obligación de que las Comunidades Autónomas tendrán que reservar el 25 por ciento del suelo en los desarrollos para viviendas protegidas. "Hay incluso quien piensa que esta medida es inconstitucional porque invade las competencias de las Comunidades Autónomas". Según Galindo, casi todas las comunidades –salvo Baleares y Valencia– ya están por encima del 25 por ciento, pero cree que "hay que respetar el porcentaje que quieran establecer ellas.