L D (EFE) Socialistas y populares son también partidarios de que la futura norma mantenga la prohibición de que se subvencione con dinero público a aquellas formaciones que incumplan la Ley de Partidos Políticos, por la que se ilegalizó a Batasuna en 2003, o lleven en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo. Esta medida ya se incorporó a la actual legislación tras el acuerdo que PSOE y PP alcanzaron sobre la Ley de Partidos Políticos en 2002 para ilegalizar a Batasuna en el marco del Pacto Antiterrorista.
Las enmiendas presentadas hoy por los grupos parlamentarios a la futura Ley de Financiación de Partidos Políticos respetan el compromiso de suprimir las aportaciones privadas anónimas que ya recogía el texto de ERC que sirve de base a la reforma. No hay acuerdo, en cambio, para fijar un límite a las donaciones de origen conocido, que en la actual ley, vigentes desde 1987, es de 60.000 euros.
PSOE y ERC proponen rebajarlo a 30.000 euros; PNV, en mantenerlo, y PP y CiU, en incrementarlo hasta los 90.000 y los 100.000 euros, respectivamente. El PP es partidario de prohibir que los partidos reciban dinero de compañías públicas, de empresas privadas que presten servicio para la Administración o de las dedicadas a la construcción o el sector inmobiliario.
El grupo popular propone que si las donaciones superan los límites legales, se imponga una multa por el doble de la aportación percibida. Otra de las medidas planteadas por el PP es que los partidos puedan llegar a acuerdos para negociar las condiciones de la deuda contraída con los bancos, si bien no se permitirían condonaciones en cuantía superior al límite de 90.000 euros.
El PSOE aboga por que los partidos no puedan aceptar que terceras personas asuman el pago de sus adquisiciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otro tipo de gasto. Además, está a favor de que las fundaciones y asociaciones que dependan de los partidos estén sometidas también a control con el fin de incrementar la transparencia de sus cuentas. CiU propone deducciones fiscales por las cuotas de los militantes, al estilo de lo que ocurre con las afiliaciones a sindicatos.
Las enmiendas presentadas hoy por los grupos parlamentarios a la futura Ley de Financiación de Partidos Políticos respetan el compromiso de suprimir las aportaciones privadas anónimas que ya recogía el texto de ERC que sirve de base a la reforma. No hay acuerdo, en cambio, para fijar un límite a las donaciones de origen conocido, que en la actual ley, vigentes desde 1987, es de 60.000 euros.
PSOE y ERC proponen rebajarlo a 30.000 euros; PNV, en mantenerlo, y PP y CiU, en incrementarlo hasta los 90.000 y los 100.000 euros, respectivamente. El PP es partidario de prohibir que los partidos reciban dinero de compañías públicas, de empresas privadas que presten servicio para la Administración o de las dedicadas a la construcción o el sector inmobiliario.
El grupo popular propone que si las donaciones superan los límites legales, se imponga una multa por el doble de la aportación percibida. Otra de las medidas planteadas por el PP es que los partidos puedan llegar a acuerdos para negociar las condiciones de la deuda contraída con los bancos, si bien no se permitirían condonaciones en cuantía superior al límite de 90.000 euros.
El PSOE aboga por que los partidos no puedan aceptar que terceras personas asuman el pago de sus adquisiciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otro tipo de gasto. Además, está a favor de que las fundaciones y asociaciones que dependan de los partidos estén sometidas también a control con el fin de incrementar la transparencia de sus cuentas. CiU propone deducciones fiscales por las cuotas de los militantes, al estilo de lo que ocurre con las afiliaciones a sindicatos.