L D (Europa Press) La Reforma de la Ley del Menor incluye un endurecimiento de las medidas, hasta los 8 años de internamiento y 10 en caso de reincidencia, por delitos de violación, asesinato o terrorismo. La Ley también señalará la necesidad de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera evalúe las obligaciones de gasto que supondrá para las comunidades autónomas. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que el Gobierno tiene la obligación de "preservar el interés supremo del menor" y al mismo tiempo "ser sensible con la realidad" ante el fenómeno de las bandas juveniles. El PP vota en contra y pide la aplicación de la Ley a partir de los 12 años para los delitos graves.
Partidos en contra
IU-ICV ha votado por primera vez en contra de un proyecto del Gobierno ya que cree que la reforma "vulnera" el interés del menor, la diputada del este partido, Carmen Rodríguez, acusó al Gobierno de "legislar en caliente, a golpe de titular, por alarma social". La reforma también fue criticada por otros grupos, como EA, ERC o PNV, al considerar "excesivas" algunas sanciones, como las medidas cautelares de internamiento hasta 6 meses, ya que de esta forma se impide la reinserción del menor. Estos grupos también pidieron la eliminación del juzgado central de menores de la Audiencia Nacional.
El PP votó en contra y pidió un mayor endurecimiento de las medidas "para reforzar el derecho de la víctima y dar una respuesta más efectiva contra la violencia y los delitos graves" . La diputada Popular, Carmen Matador, planteó la posibilidad de que la Ley se aplique a los mayores de 12 y menores de 14 sólo "en supuestos especialmente graves". Asimismo, exigió al Gobierno "un compromiso de financiación".
Novedades
La reforma prevé la exención de los menores de edad de la obligación de declarar ante un juez en todos los procedimientos penales, tanto si es víctima como testigo, como por ejemplo en aquellos casos que hayan presenciado la muerte de su madre por violencia de género. De este modo, las comparecencias se realizarán ante expertos y siempre en presencia del fiscal. Además, podrán estar presente los que ejerzan la patria potestad siempre y cuando el juez así lo estime conveniente. Por otro lado, cuando el menor sufra acoso sexual se evitará la confrontación visual con el inculpado y se podrán utilizar medios técnicos o grabaciones.
La Ley también prevé que cualquier menor que sea detenido pueda mantener una entrevista reservada con su abogado previamente a que se le practique la diligencia de toma de declaración. Por último, los socialistas han aceptado una enmienda de ERC que abre la posibilidad de que un mismo juez de menores siga todos los casos, en el supuesto de que un delincuente juvenil reincida, con el fin de garantizar la estabilidad y el seguimiento de su evolución.
La reforma de la Ley del Menor prevé, en líneas generales, un endurecimiento de las medidas de internamiento y responder a nuevas realidades sociales como las bandas juveniles, el acoso escolar, así como medidas de protección a los menores que han sido víctimas de un delito contra su indemnidad sexual.