L D (EFE) Según la jefa de Estado, el Gobierno se dedicará a partir de ahora a impulsar medidas para la prevención y el control de delitos "en lugar de quitar las vidas de aquellos que los cometen". La Ley de la República 9346, que prohíbe la imposición de la pena de muerte en Filipinas, sustituye las condenas existentes por la prisión perpetua.
Arroyo también indicó que en su prevista reunión la semana próxima en el Vaticano con el Papa, Benedicto XVI, comunicará a su santidad la decisión de Filipinas de unirse a otras 39 naciones del planeta en las peticiones para que todos los países anulen esa pena "en nombre de la vida para un mundo en paz y armonía".
La presidenta filipina tiene previsto partir el domingo en una gira de una semana que la llevará al Vaticano, Italia y España, donde espera reunirse con el rey, Juan Carlos I, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La firma era el último requisito pendiente para que Filipinas elimine la pena capital de su legislación, después de que las dos cámaras del Congreso aprobaran el pasado día 7 sendos proyectos de ley para abolirla.
La entrada en vigor de la normativa coloca a Filipinas entre los pocos países de la región de Asia y el Pacífico, junto a Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental, donde no se impone la condena de muerte. La ceremonia, que contó con la presencia de miembros del Gobierno, del Parlamento, la comunidad diplomática y religiosos, es la única actividad oficial que la presidenta tiene previsto para este sábado, tras aplazar otras citas para descansar antes de su gira europea.
El Arzobispo Fernando Filoni, nuncio apostólico para las Filipinas y que atendió la ceremonia, aclamó la medida de la administración de Arroyo al decir que la abolición "muestra que la cultura de la vida está viva y es importante". La firma del documento supone también la salida oficial del corredor de la muerte a centenares de presos, entre ellos Francisco Larrañaga, un joven hispano-filipino condenado a la pena capital por un caso de secuestro y asesinato ocurrido en 1997.
Aunque la familia de Larrañaga afirmó que se alegraba por la abolición de la pena de muerte en Filipinas, también indicó que lo que busca es justicia, al asegurar que Francisco es inocente, mientras criticó las supuestas irregularidades cometidas en su juicio. Larrañaga, en el corredor de la muerte desde 2004, ha asegurado en varias entrevistas que es inocente de los cargos de secuestro, violación y asesinato, mientras que afirmó que la condena contra él es resultado de un complot político y policial.
La presidenta Arroyo, que ha tenido que hacer frente a la fuerte oposición de sectores de la sociedad filipina favorables a la pena capital, entre ellos asociaciones de víctimas de secuestros y asesinatos, ha alegado que este castigo "ha mostrado que no es útil a su principal propósito de servir de disuasión para que no se cometan crímenes horrendos". Arroyo también ha justificado en sus creencias católicas su rechazo a la pena de muerte, pero ha recibido acusaciones de oportunismo por acelerar este proceso de cara a la audiencia que tendrá con el Papa Benedicto XVI y su visita a España.
Sus oponentes alegan que la presidenta trata de ganarse el favor de la influyente Iglesia Católica filipina frente a las acusaciones de fraude electoral y las peticiones de la oposición para que dimita que la ha sumido en una crisis política que ya dura un año.
Arroyo también indicó que en su prevista reunión la semana próxima en el Vaticano con el Papa, Benedicto XVI, comunicará a su santidad la decisión de Filipinas de unirse a otras 39 naciones del planeta en las peticiones para que todos los países anulen esa pena "en nombre de la vida para un mundo en paz y armonía".
La presidenta filipina tiene previsto partir el domingo en una gira de una semana que la llevará al Vaticano, Italia y España, donde espera reunirse con el rey, Juan Carlos I, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La firma era el último requisito pendiente para que Filipinas elimine la pena capital de su legislación, después de que las dos cámaras del Congreso aprobaran el pasado día 7 sendos proyectos de ley para abolirla.
La entrada en vigor de la normativa coloca a Filipinas entre los pocos países de la región de Asia y el Pacífico, junto a Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental, donde no se impone la condena de muerte. La ceremonia, que contó con la presencia de miembros del Gobierno, del Parlamento, la comunidad diplomática y religiosos, es la única actividad oficial que la presidenta tiene previsto para este sábado, tras aplazar otras citas para descansar antes de su gira europea.
El Arzobispo Fernando Filoni, nuncio apostólico para las Filipinas y que atendió la ceremonia, aclamó la medida de la administración de Arroyo al decir que la abolición "muestra que la cultura de la vida está viva y es importante". La firma del documento supone también la salida oficial del corredor de la muerte a centenares de presos, entre ellos Francisco Larrañaga, un joven hispano-filipino condenado a la pena capital por un caso de secuestro y asesinato ocurrido en 1997.
Aunque la familia de Larrañaga afirmó que se alegraba por la abolición de la pena de muerte en Filipinas, también indicó que lo que busca es justicia, al asegurar que Francisco es inocente, mientras criticó las supuestas irregularidades cometidas en su juicio. Larrañaga, en el corredor de la muerte desde 2004, ha asegurado en varias entrevistas que es inocente de los cargos de secuestro, violación y asesinato, mientras que afirmó que la condena contra él es resultado de un complot político y policial.
La presidenta Arroyo, que ha tenido que hacer frente a la fuerte oposición de sectores de la sociedad filipina favorables a la pena capital, entre ellos asociaciones de víctimas de secuestros y asesinatos, ha alegado que este castigo "ha mostrado que no es útil a su principal propósito de servir de disuasión para que no se cometan crímenes horrendos". Arroyo también ha justificado en sus creencias católicas su rechazo a la pena de muerte, pero ha recibido acusaciones de oportunismo por acelerar este proceso de cara a la audiencia que tendrá con el Papa Benedicto XVI y su visita a España.
Sus oponentes alegan que la presidenta trata de ganarse el favor de la influyente Iglesia Católica filipina frente a las acusaciones de fraude electoral y las peticiones de la oposición para que dimita que la ha sumido en una crisis política que ya dura un año.