LD (EFE) La sentencia indica que "la ley permite una gratificación extraordinaria" como la recibida por los antiguos ejecutivos del SCH y, por lo tanto, no es "decisivo" que estos acuerdos vengan reflejados en el proyecto de fusión entre Santander y el Central Hispano, tal y como alegaban las acusaciones particulares. Mientras que el fiscal pedía una sentencia absolutoria, las acusaciones particulares en esta causa, en representación del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y del accionista minoritario del Juan Francisco Franco Otegi, pedían una condena por parte del Supremo por las retribuciones de 43,8 y 108,1 millones de euros cobradas por Amusátegui y Corcóstegui.
El Tribunal Supremo, que condena al pago de los gastos jurídicos a las acusaciones particulares, advierte de que "lo decisivo" es que los órganos de administración del banco (Consejo de Administración y Junta General de Accionistas) tuvieran conocimiento de "tal ventaja de índole económica" para Amusátegui y Corcóstegui, en línea con lo expuesto en la vista del pasado 11 de julio por el fiscal. La sentencia indica también que no está probado que hubiese "perjuicio patrimonial" para el banco recién fusionado, sino que, como consecuencia de esta operación para crear el mayor banco en España, "la sociedad resultó notablemente beneficiada" así como sus accionistas. Además reconoce que los informes periciales presentados por el Banco Santander, a través del catedrático Manuel Olivencia y la asesoría Towers-Perrin, justifican las indemnizaciones recibidas por Amusátegui y Corcóstegui.
Estos tres argumentos fueron utilizados por la defensa de Emilio Botín, a través del abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, quien dejó claro además que tanto Amusátegui como Corcóstegui eran "personas clave" en los órganos de gobierno de la entidad. Por lo tanto, estos desembolsos no constituyeron, según la defensa de Botín, "una desproporción" ya que tampoco fueron "una condición" para la fusión entre el Santander y el Central Hispano, en la línea de lo expuesto por los abogados defensores de Amusátegui (Ramón Hermosilla) y Corcóstegui (Javier Sánchez-Junco).
El Tribunal Supremo, que condena al pago de los gastos jurídicos a las acusaciones particulares, advierte de que "lo decisivo" es que los órganos de administración del banco (Consejo de Administración y Junta General de Accionistas) tuvieran conocimiento de "tal ventaja de índole económica" para Amusátegui y Corcóstegui, en línea con lo expuesto en la vista del pasado 11 de julio por el fiscal. La sentencia indica también que no está probado que hubiese "perjuicio patrimonial" para el banco recién fusionado, sino que, como consecuencia de esta operación para crear el mayor banco en España, "la sociedad resultó notablemente beneficiada" así como sus accionistas. Además reconoce que los informes periciales presentados por el Banco Santander, a través del catedrático Manuel Olivencia y la asesoría Towers-Perrin, justifican las indemnizaciones recibidas por Amusátegui y Corcóstegui.
Estos tres argumentos fueron utilizados por la defensa de Emilio Botín, a través del abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, quien dejó claro además que tanto Amusátegui como Corcóstegui eran "personas clave" en los órganos de gobierno de la entidad. Por lo tanto, estos desembolsos no constituyeron, según la defensa de Botín, "una desproporción" ya que tampoco fueron "una condición" para la fusión entre el Santander y el Central Hispano, en la línea de lo expuesto por los abogados defensores de Amusátegui (Ramón Hermosilla) y Corcóstegui (Javier Sánchez-Junco).