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El Constitucional boliviano admite una demanda contra la nacionalización de los hidrocarburos

El Tribunal Constitucional boliviano ha admitido a trámite una demanda de la oposición contra el decreto de nacionalización de los hidrocarburos del presidente Evo Morales. Sin embargo, una portavoz del tribunal ha explicado que la admisión de la demanda "no implica una paralización del decreto de nacionalización del primero de mayo". Morales ha denunciado la existencia de una "conspiración" de los partidos opositores a su gobierno para que "fracase" la nacionalización de los hidrocarburos.

El Tribunal Constitucional boliviano ha admitido a trámite una demanda de la oposición contra el decreto de nacionalización de los hidrocarburos del presidente Evo Morales. Sin embargo, una portavoz del tribunal ha explicado que la admisión de la demanda "no implica una paralización del decreto de nacionalización del primero de mayo". Morales ha denunciado la existencia de una "conspiración" de los partidos opositores a su gobierno para que "fracase" la nacionalización de los hidrocarburos.
LD (Agencias) Una portavoz del tribunal ha explicado a la agencia Reuters que la admisión de la demanda presentada por la diputada Sandra Yánez, de la alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), a la que se sumaron dos diputados de otros partidos opositores menores, "no implica una paralización del decreto de nacionalización del primero de mayo".
 
El proceso durará entre 30 y 45 días hasta la emisión del fallo, que será inapelable, según ha dicho esta portavoz en la ciudad sureña de Sucre, donde se ubica el tribunal.
 
Morales ha reiterado que se trata de un "complot" y ha denunciado que detrás de la demanda estaban dos abogados de la empresa de gaseoductos Transredes, controlada por la anglo-holandesa Shell y Prisma, una subsidiaria del grupo estadounidense Enron.
 
En una declaración nocturna por televisión, el presidente boliviano ha dicho que su Gobierno va "a seguir luchando pese a esta conspiración".  La diputada Yáñez, según medios locales, ha manifestado al Tribunal que la nacionalización debe ser declarada nula porque fue hecha por decreto y no mediante ley, y además afecta derechos privados por los cuales el Estado debería pagar una indemnización.
 
El proceso de nacionalización de hidrocarburos protagonizó este miércoles el mayor choque político entre el Gobierno y la oposición, que consiguió que el Senado censurase al ministro Andrés Soliz por supuestos fallos en la nacionalización y por denuncias de corrupción en la petrolera estatal YPFB.

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