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España rechaza que la UE reforme en 2008 su Política Agrícola Común

España rechaza que la UE reforme en 2008 su Política Agrícola Común (PAC) porque es una fecha "prematura", ya que los agricultores aún no han tenido tiempo de adaptarse a los cambios aprobados en 2003, según han informado fuentes del Ministerio de Agricultura (MAPA).

LD (EFE) La reforma de la PAC que la UE acordó en 2003 ha entrado en vigor este año en España y el Ministerio no es partidario de una revisión nueva dentro de dos años, porque 2008 es una fecha "muy temprana" y la adaptación a la política actual es compleja.

Los ministros de Agricultura de la UE, han celebrado este lunes su reunión informal semestral en Oulu (norte de Finlandia) en la que han empezado a debatir sobre la revisión de la PAC prevista para 2008.

Por parte de España, ha viajado una representación técnica del MAPA, ya que la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, no ha podido asistir por motivos de salud, ni el secretario general, Josep Puxeu, por el fallecimiento de su esposa.

España rechaza una nueva reforma de la PAC que pudiera implicar una reducción presupuestaria y pide que los fondos agrícolas se mantengan hasta 2013.

En cuanto a las cuotas lecheras, España pide que se mantengan hasta el año 2015 y que no se adelante su supresión, según las fuentes. La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, es partidaria de suprimir el sistema de cuotas lecheras tras un período transitorio. La reforma de 2003, considerada como revolucionaria supuso la introducción del pago único, una subvención que se da por explotación, independientemente de que el agricultor produzca o no y su aplicación ha supuesto problemas en algunos países, recordaron las fuentes.

España considera que todavía quedan por modificar Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) importantes, como el vino o las frutas y hortalizas, que deben negociarse antes de una reforma general. En cuanto a la idea de la comisaria de desligar al cien por cien las ayudas de la obligación de producir, España se opone pues considera que las subvenciones deben estar vinculadas "lo máximo posible a la producción". España considera que ya ha habido reformas muy duras y defenderá el mantenimiento de las subvenciones.

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