L D (Agencias) En declaraciones a Europa Press, Astarloa dijo que "poner en circulación" esa propuesta "es un disparate, una irresponsabilidad y una equivocación mayúscula en relación con la delincuencia", porque a su juicio abunda en la idea del Gobierno de que delinquir tiene que salir gratis". Añadió que es "intolerable que se aplique ese criterio a los presos de la banda terrorista ETA. En este sentido le pregunto al fiscal general si lo que hace es trasladar al mundo de ETA que los presos van a salir a la calle inmediatamente
El dirigente popular criticó también el posicionamiento del fiscal general del Estado ante el proceso de paz realizado esta mañana en la apertura del año judicial. Astarloa argumentó que la única esperanza para acabar con ETA es que se aplique la ley. Por eso indicó que Conde Pumpido, además de entender esto, debe poner los medios para hacer cumplir la ley, porque hasta ahora su "actitud ha sido lamentable". Finalmente, pidió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tome "nota del incremento espeluznante" de las cifras de la delincuencia que recoge la memoria fiscal y que según dijo implica un reconocimiento de las denuncias que en esa materia está realizando desde hace meses el PP. Por ello, pidió al ministro un cambio en su política de seguridad, tras el fracaso de la actual.
"Contrario a la finalidad resocializadora"
La Fiscalía General del Estado considera que el requisito de cumplir la mitad de la pena impuesta es "contrario a la finalidad resocializadora", al no permitir asignar al penado un régimen de vida penitenciaria adecuada a su evolución. Así lo pone de manifiesto en su Memoria correspondiente al año 2005, dada a conocer este lunes con motivo de la apertura del año judicial. Con esta medida, el Ministerio Público pretende derogar el inciso del artículo 36 del Código Penal relativo al periodo de seguridad, que establece que "cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, la clasificación del condenado en tercer grado no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena".
Este supuesto establece un periodo de seguridad para obtener el tercer grado penitenciario de aquellos que han sido condenados a penas de prisión superior a los cinco años, que no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. En aplicación a este precepto aunque el condenado a más de cinco años haya tenido una evolución penitenciaria favorable, que aconseje su progresión al tercer grado o régimen abierto, hasta que no haya cumplido la mitad de la pena no podrá beneficiarse de esta medida.
De esta manera, la Fiscalía concluye que la aplicación de este artículo puede resultar "contraria a la finalidad resocializadora" de la pena al no permitir, según apunta, clasificar al penado asignándole un régimen de vida penitenciaria adecuada a su evolución, "hasta que haya cumplido la mitad de la condena". Igualmente, considera que este artículo es "contradictorio", ya que "dispone que en ningún caso mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor de su progresión y la obligación de revisar cada 6 meses la clasificación de los internos".