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La Generalidad Valenciana retira las competencias de urbanismo al Ayuntamiento socialista de Catral

El Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ha asumido las competencias urbanísticas del municipio alicantino de Catral ante la "relajación del Ayuntamiento" en la proliferación "exagerada" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y en suelo protegido. El mayor constructor de estas casas es el cuñado del propio alcalde. Después de admitirlo, el regidor socialista, José Manuel Rodríguez, se ha excusado porque su familiar "no le hizo caso" cuando le dijo que no siguiera con las obras.

El Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ha asumido las competencias urbanísticas del municipio alicantino de Catral ante la "relajación del Ayuntamiento" en la proliferación "exagerada" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y en suelo protegido. El mayor constructor de estas casas es el cuñado del propio alcalde. Después de admitirlo, el regidor socialista, José Manuel Rodríguez, se ha excusado porque su familiar "no le hizo caso" cuando le dijo que no siguiera con las obras.
L D (EFE) El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha explicado que si el consistorio no realiza en el plazo de un mes una propuesta de concierto en la que reconozca las más de 1.200 viviendas ilegales construidas y en la que proponga soluciones, la Generalidad asumirá también las competencias en planeamiento urbanístico, atendiendo a la Ley de Bases de Régimen Local, y se planteará "solicitar al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento de Catral", gobernado por el grupo socialista.
 
Según el responsable de Territorio, existen 1.270 viviendas construidas en suelo no urbanizable, parte de ellas en suelo protegido del Parque Natural del Hondo, que suponen tres millones de metros cuadrados construidos sin licencia y sin dotación de servicios.
 
En palabras de González Pons, esta actuación "no tiene precedentes en España, salvo el caso de la Junta de Andalucía cuando disolvió el Ayuntamiento de Marbella" y la justificó por el incremento en un 400 por ciento del número de metros cuadrados edificados ilegalmente desde 2002. La Generalidad tiene intención de derribar las viviendas construidas en el suelo protegido del Parque Natural del Hondo.
 
Además, remitirá al Ministerio Fiscal toda la documentación de que dispone y la que "consiga a partir de las actuaciones que se están realizando por parte de la Conselleria y de la Policía Autonómica" para "determinar responsabilidades ante una posible existencia de delito contra la ordenación del territorio".

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