El portavoz del grupo socialista, Oscar López , recordó que, a pesar de las acusaciones del PP de que su grupo no ha querido el consenso, en el trámite de la ley de RTVE, tanto en el Congreso como en el Senado, se han admitido enmiendas o acuerdos con cuatro grupos políticos. López defendió que la elección del Consejo de Administración sea tomada por mayoría cualificada en el Parlamento "y no por el Gobierno" y que se sustituya un marco legal de "monopolio" por uno de la era digital. "No entiendo cómo no votan esta ley. Quizás su modelo es el que practican en sus televisiones autonómicas ejemplares e independientes como canal 9, IB3 o Telemadrid", afirmó, y recordó la opinión del director general de Radio Televisión Madrid, Manuel Soriano, que, según López, se autoproclamó "reserva espiritual de España".
Macarena Montesinos , portavoz del PP, señaló que esta ley está plagada "de sombras y dudas", y no durará 26 años, como el primer estatuto de RTVE, y añadió que favorece el control del PSOE y acaba con los centros territoriales. "Es el principio del fin", dijo. Para Macarena Montesinos la ley es incompatible con el plan de saneamiento y con el futuro del ente público, que "adelgaza a RTVE y regala la publicidad y la audiencia a las cadenas privadas". En este sentido, recordó que la "pérdida de audiencia le ha costado a RTVE más de 160 millones de euros" en caída de ingresos, según datos del presidente de la Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, que admitió que por cada punto de audiencia se dejaron de ingresar 28,7 millones de euros.
Montesinos recordó que ese dinero "son veinte años del presupuesto de Radio 4, por lo que es falso que el objetivo sea sanear, sino regalar audiencia e ingresos a los demás canales privados". "Esta ley no durará 26 años porque es una mala regulación plagada de sombras y dudas. Facilita el control del partido socialista de los medios públicos, no garantiza el cumplimiento de los cometidos de servicio público y deja el campo libre al resto de operadores de la competencia", denunció Montesinos.
La ley del Comité de Expertos
La nueva ley, que parte del informe del Comité de Expertos sobre la reforma de los Medios de Comunicación Públicos, se completa con el Plan de Saneamiento, que se seguirá negociando a partir del viernes entre la SEPI y la dirección de Radiotelevisión Española con los sindicatos.
Esta ley termina con el actual régimen jurídico del ente público RTVE como organismo público del Estado y en su lugar crea la Corporación RTVE, con carácter de sociedad anónima pública, con capital íntegramente estatal y autonomía de gestión, sometida al control del Parlamento y del nuevo Consejo de Medios Audiovisuales. El nuevo modelo asume la financiación combinada de fondos públicos y comerciales, y un acceso menor al mercado publicitario. La subvención pública se determinará mediante un contrato programa de RTVE con el Estado revisable cada tres años que establecerá una contraprestación por las actividades de servicio público de la televisión pública y prevé eliminar el aval ilimitado del Estado y poner fin a su endeudamiento.
Con la nueva ley, se creará un Consejo de Administración independiente integrado por diez miembros que nombrará al director general. El Congreso y el Senado elegirán a cuatro consejeros respectivamente y los dos restantes serán elegidos por el Congreso a propuesta de las principales organizaciones sindicales. Los candidatos propuestos necesitaban inicialmente una mayoría de dos tercios para su elección, pero esta norma fue enmendada en el Senado, y se aprobó una regla denominada "antibloqueo", de manera que en el caso de que en la primera designación de los consejeros y el presidente de la Corporación de RTVE no se alcanzase esa mayoría en dos meses, se pueda proceder a la elección por mayoría absoluta.
La nueva legislación incluye la constitución de consejos informativos dentro de Televisión Española y de RNE como medio de participación de los profesionales y el establecimiento de un consejo asesor que presentará propuestas al Consejo de Administración.
Asimismo, la Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria para atender las prestaciones de servicio público, proveer de contenidos regionalizados a la realidad estatal y contribuir al desarrollo de la cohesión interterritorial, atendiendo al hecho insular y regiones ultraperiféricas. Otra enmienda introducida en la Cámara Alta recoge que RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos e impulsará la producción propia.
Por último, la ley promueve la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso; el apoyo a la integración social de las minorías; el fomento de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer y la preservación de los derechos de los menores.