L D (EFE) Estas peticiones están incluidas en sendos informes de la CNE sobre los anteproyectos de Ley elaborados por el Ejecutivo para modificar la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos a fin de adaptarlas a las Directivas comunitarias sobre los mercados del gas y la electricidad. Los dos anteproyectos ya han sido aprobados por el Gobierno y remitidos al Parlamento para su tramitación, que en este momento se encuentra en la fase de presentación de enmiendas.
Los informes, fechados en junio y disponibles en la página web del regulador energético, señalan que la trasposición de las Directivas comunitarias en materia de electricidad y gas "podría ser el instrumento adecuado para la incorporación de modificaciones normativas dirigidas a reforzar la independencia de la CNE". El organismo regulador pide que se suprima el recurso de alzada previsto en la Disposición Adicional Undécima de la Ley del Sector Eléctrico dado que la CNE "no está integrada en la estructura jerárquica del Ministerio, ni subordinada jerárquicamente al ministro".
Según el regulador energético, este tipo de recursos "se compadece mal con la independencia" que la CNE "ha de tener en el marco de la Directiva". Los informes explican que la supresión de estos recursos "no ha de generar ningún tipo de indefensión ni mermar las garantías de los sujetos afectados por las decisiones", ya que éstas siempre podrán recurrirse por la vía judicial o mediante recurso de reposición ante la propia CNE.
En la actualidad, Industria estudia los cinco recursos de alzada presentados contra el dictamen del organismo regulador por el que se aprobó con condiciones la OPA del grupo alemán E.ON sobre Endesa. Los recursos han sido formulados por E.ON, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y una asociación de accionistas minoritarios.
En la misma línea, los informes piden que se suprima el párrafo de la Disposición Adicional Undécima de la Ley del Sector de Hidrocarburos que permite al ministro de Industria, al secretario de Estado o a un "alto cargo en quién deleguen" asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la CNE "cuando lo juzguen preciso a la vista de los asuntos incluidos en el orden del día". Según la CNE, la supresión sería "coherente" con la independencia de los reguladores que predican las Directivas comunitarias y eliminaría la asimetría respecto a otros organismos como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, la CNE pide que se le atribuya la potestad de resolver los expedientes sancionadores por falta leve en materia de electricidad. Ahora, el regulador energético tiene competencias para iniciar los expedientes e instruirlos, pero la imposición de sanciones corresponde al Consejo de Ministros (faltas muy graves), al ministro de Industria (faltas graves) y al director de Política Energética (faltas leves).
En este punto, la CNE plantea también la necesidad de ampliar el plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores, que quedaría fijado con carácter general en doce meses. Los informes piden también que se elimine la obligación de coordinar con Industria la elaboración de los planes anuales de actuación y que las circulares de la CNE no tengan que someterse a la Abogacía del Estado antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los informes, fechados en junio y disponibles en la página web del regulador energético, señalan que la trasposición de las Directivas comunitarias en materia de electricidad y gas "podría ser el instrumento adecuado para la incorporación de modificaciones normativas dirigidas a reforzar la independencia de la CNE". El organismo regulador pide que se suprima el recurso de alzada previsto en la Disposición Adicional Undécima de la Ley del Sector Eléctrico dado que la CNE "no está integrada en la estructura jerárquica del Ministerio, ni subordinada jerárquicamente al ministro".
Según el regulador energético, este tipo de recursos "se compadece mal con la independencia" que la CNE "ha de tener en el marco de la Directiva". Los informes explican que la supresión de estos recursos "no ha de generar ningún tipo de indefensión ni mermar las garantías de los sujetos afectados por las decisiones", ya que éstas siempre podrán recurrirse por la vía judicial o mediante recurso de reposición ante la propia CNE.
En la actualidad, Industria estudia los cinco recursos de alzada presentados contra el dictamen del organismo regulador por el que se aprobó con condiciones la OPA del grupo alemán E.ON sobre Endesa. Los recursos han sido formulados por E.ON, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y una asociación de accionistas minoritarios.
En la misma línea, los informes piden que se suprima el párrafo de la Disposición Adicional Undécima de la Ley del Sector de Hidrocarburos que permite al ministro de Industria, al secretario de Estado o a un "alto cargo en quién deleguen" asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la CNE "cuando lo juzguen preciso a la vista de los asuntos incluidos en el orden del día". Según la CNE, la supresión sería "coherente" con la independencia de los reguladores que predican las Directivas comunitarias y eliminaría la asimetría respecto a otros organismos como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, la CNE pide que se le atribuya la potestad de resolver los expedientes sancionadores por falta leve en materia de electricidad. Ahora, el regulador energético tiene competencias para iniciar los expedientes e instruirlos, pero la imposición de sanciones corresponde al Consejo de Ministros (faltas muy graves), al ministro de Industria (faltas graves) y al director de Política Energética (faltas leves).
En este punto, la CNE plantea también la necesidad de ampliar el plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores, que quedaría fijado con carácter general en doce meses. Los informes piden también que se elimine la obligación de coordinar con Industria la elaboración de los planes anuales de actuación y que las circulares de la CNE no tengan que someterse a la Abogacía del Estado antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).