L D (Europa Press) El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el segundo recurso contra el Estatuto de Cataluña. El Defensor del Pueblo dio a conocer este recurso el pasado 19 de septiembre. Enrique Múgica apeló entonces al "valor superior de la igualdad" en que "se fundamenta" la Constitución Española para justificar el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, que en diversos aspectos sienta a su juicio una "desigualdad" entre ciudadanos.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha hecho pública este miércoles una segunda providencia sobre el recurso de la Región de Murcia, a cuyo gobierno da un plazo de cinco días para que subsane varios errores. En concreto, le pide que aporte la certificación del acuerdo de Gobierno de recurrir el Estatuto del 8 de septiembre, puesto que lo entregado es un "borrador" del acta de la sesión en la que el Ejecutivo autonómico tomó la decisión. "Es insuficiente para acreditar el acuerdo", expone el Alto Tribunal. Además, reclama al Gobierno murciano que concrete los preceptos del Estatuto que pretende impugnar.
La Región de Murcia es la primera Comunidad Autónoma que ha recurrido el Estatuto. Han anunciado una medida similar, pero no la han llevado a efecto, Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Desigualdad, ciudadanía y nación
Al dar a conocer su recurso, el Defensor del Pueblo resumió en siete capítulos sus argumentos contra el Estatuto: la regulación de derechos y deberes y los principios rectores, el origen del poder de la Generalidad (que sea el pueblo catalán, lo que "expresa una diferenciación" con la soberanía nacional); también, la regulación de la lengua, el capítulo judicial, las competencias, la bilateralidad y la exclusividad del Síndic de Greuges para supervisar a la Administración catalana.
El primero de esos siete bloques de inconstitucionalidad es el relativo a los orígenes de los poderes de la Generalidad, que según el Estatuto se encuentran en el pueblo de Cataluña y en los derechos históricos de éste. "Expresa una diferenciación inadmisible respecto del principio de la soberanía nacional que según la Constitución reside en el pueblo español. Esa diferenciación da lugar, como consecuencia, a desigualdades evidentes para una parte de los ciudadanos", expuso Enrique Múgica.
El Defensor reiteró que rechaza el término nación empleado para Cataluña, que a su juicio "no sólo encierra una inconstitucionalidad manifiesta sino que, como fuente de múltiples preceptos, invade gran parte de la norma estatutaria y, como modelo a seguir por otros estatutos, preludia la desvertebración del Estado de las Comunidades concebido por la Constitución". "Puede desvertebrar el Estado de las Autonomías", recalcó, rechazando la expresión de ruptura de España.
Desigualdad lingüística
De "especial importancia" calificó Múgica también el capítulo de la cooficialidad de las lenguas, debido a las más de 500 quejas recibidas en la institución. Entre otros argumentos, el Defensor señaló que existen "limitaciones y restricciones" al uso del castellano, que se "coarta" la libertad de expresión, que se produce una "exclusión práctica de la lengua cooficial castellana" en las relaciones del ciudadano con la Administración, en el sistema educativo y en la toponimia. En otro apartado se recurren todos aquellos artículos de derechos y deberes y de principios rectores, un listado que "ahonda todavía más en esa desigualdad" entre españoles. "Es impropio de una norma de este rango y puede llegar a obstaculizar las propias funciones legislativas de las Cortes", agregó.
Respecto al Poder Judicial y la Administración de Justicia, otro capítulo recurrido, Enrique Múgica explicó que tienen una "repercusión notable en el sistema de garantías constitucionales". Y en cuanto al apartado del Síndic de Greuges, el Defensor rechaza la exclusividad que el Estatuto le concede para supervisar la actividad de la Administración catalana.