L D (EFE) Prueba de ello ha sido que siempre que han coincidido en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) "se han saludado y abrazado" y han dejado atrás posibles discrepancias para unirse en los 27 procedimientos que tiene la Fiscalía Anticorrupción contra ambos, indicaron las citadas fuentes. Anticorrupción los denunció por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos y el ministerio público les atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasaciones de terrenos.
El fiscal afirma que Muñoz y Roca "aparecen como artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestaciones han podido obtener a cambio". De las veintisiete diligencias, Roca ya ha declarado en tres y en todas ha seguido una misma línea: quien daba las órdenes era Jesús Gil y Gil pues la documentación se mandaba al Club Financiero, según sus testimonios, a los que tuvo acceso EFE.
En este sentido, resaltó ante el juez que todos los convenios urbanísticos se enviaban a la secretaría y que ésta debía enviarla al órgano competente -comisión de gobierno o pleno- para que se aprobara y el pleno del Ayuntamiento lo remitía a su vez a la Junta de Andalucía para que emitiese un informe después de que los servicios técnicos estudiaran los mismos. Según Roca, la Junta de Andalucía conocía los convenios de permuta y de aprovechamiento y, aunque era conocedora perfectamente de los convenios urbanísticos, unas veces impugnó y otras no.
Respecto a las tasaciones que se hacían desde el Ayuntamiento, Roca asegura que la razón de que algunas tuviesen fecha posterior al convenio se debía a que "se utilizaban los borradores por premura" porque "la presión por parte del alcalde para conseguir dinero rápido era grande". A preguntas del fiscal anticorrupción, Roca reconoció que cuando se aprobaba un convenio "de manera inmediata" se concedía la licencia para construir, aún cuando el documento de revisión no había sido aprobado definitivamente.
Pero destacó que no era su responsabilidad porque "era competencia de la comisión de gobierno o de la alcaldía" y que todos los convenios o negociaciones que hacía él con particulares "se sometían a controles de los técnicos". En este sentido, el ex asesor de Urbanismo mantiene que en muchas ocasiones los técnicos le decían que no encajaba en la revisión del plan o en el modelo de ciudad diseñado por el Ayuntamiento pero que nunca intervino en obras futuras ni en los convenios de permuta ya que estos "venían acordados por alcaldía" y que él sólo se encargaba de concretar los bienes que podían ser objeto de permuta.
De igual modo, el ex asesor subrayó que él no intervenía en las permutas a cambio de bienes o pisos ya que era el alcalde quien tomaba dichas decisiones. Explicó que cuando Jesús Gil llegó a la alcaldía tomó la decisión de no incrementar la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento y que por ello se crearon las sociedades municipales en las que se contrataron a unas 1.800 personas aproximadamente.
El fiscal afirma que Muñoz y Roca "aparecen como artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestaciones han podido obtener a cambio". De las veintisiete diligencias, Roca ya ha declarado en tres y en todas ha seguido una misma línea: quien daba las órdenes era Jesús Gil y Gil pues la documentación se mandaba al Club Financiero, según sus testimonios, a los que tuvo acceso EFE.
En este sentido, resaltó ante el juez que todos los convenios urbanísticos se enviaban a la secretaría y que ésta debía enviarla al órgano competente -comisión de gobierno o pleno- para que se aprobara y el pleno del Ayuntamiento lo remitía a su vez a la Junta de Andalucía para que emitiese un informe después de que los servicios técnicos estudiaran los mismos. Según Roca, la Junta de Andalucía conocía los convenios de permuta y de aprovechamiento y, aunque era conocedora perfectamente de los convenios urbanísticos, unas veces impugnó y otras no.
Respecto a las tasaciones que se hacían desde el Ayuntamiento, Roca asegura que la razón de que algunas tuviesen fecha posterior al convenio se debía a que "se utilizaban los borradores por premura" porque "la presión por parte del alcalde para conseguir dinero rápido era grande". A preguntas del fiscal anticorrupción, Roca reconoció que cuando se aprobaba un convenio "de manera inmediata" se concedía la licencia para construir, aún cuando el documento de revisión no había sido aprobado definitivamente.
Pero destacó que no era su responsabilidad porque "era competencia de la comisión de gobierno o de la alcaldía" y que todos los convenios o negociaciones que hacía él con particulares "se sometían a controles de los técnicos". En este sentido, el ex asesor de Urbanismo mantiene que en muchas ocasiones los técnicos le decían que no encajaba en la revisión del plan o en el modelo de ciudad diseñado por el Ayuntamiento pero que nunca intervino en obras futuras ni en los convenios de permuta ya que estos "venían acordados por alcaldía" y que él sólo se encargaba de concretar los bienes que podían ser objeto de permuta.
De igual modo, el ex asesor subrayó que él no intervenía en las permutas a cambio de bienes o pisos ya que era el alcalde quien tomaba dichas decisiones. Explicó que cuando Jesús Gil llegó a la alcaldía tomó la decisión de no incrementar la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento y que por ello se crearon las sociedades municipales en las que se contrataron a unas 1.800 personas aproximadamente.