LD (EFE) Los grupos armados "Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos" (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR_EP), Organización Insurgente Primero de Mayo (OI1PM), Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D) y Brigadas Populares de Liberación (BPL), integrados todos a una "coordinadora rebelde", se han responsabilizado de la colocación de cuatro artefactos explosivos en diferentes puntos de la Ciudad de México. Sólo tres de las bombas explotaron dejando únicamente daños materiales.
Las explosiones sacudieron a la clase política mexicana que se pronunció en contra de estas acciones y exigió el rápido esclarecimiento de los atentados que afectaron a la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Tribunal federal electoral y a una sucursal bancaria, sin causar víctimas.
El comunicado señala que "asumimos plena responsabilidad de estos hechos y ofrecemos sentidas disculpas a los ciudadanos que hayan sido sustraídos de su cotidianeidad". Asegura que "los principales responsables de la violencia social y política existente en nuestro país son los señores del poder y del dinero que han desatado una guerra sucia neoliberal contra el pueblo de México".
Los rebeldes amenazan con actuar "política y militarmente" contra las principales cuarenta empresas nacionales y trasnacionales del país, así como contra las instituciones políticas y gubernamentales "espurias" que a su juicio "financiaron" y efectuaron un "fraude de Estado" en las elecciones presidenciales del pasado dos de julio. Según los rebeldes, sus amenazas se materializarán si Ulises Ruiz, el gobernador del sureño estado de Oaxaca, permanece en el cargo, sigue siendo respaldado por el Gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN) y si las fuerzas federales no salen de Oaxaca.
Horas antes, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que aglutina a varias organizaciones civiles que se oponen a Ulises Ruiz, se desligó de las explosiones que la coordinación guerrillera dijo que fueron seis: dos en el PRI, dos en el tribunal electoral, una en una sucursal bancaria y otra en un restaurante. En total, aseguró, colocó ocho artefactos, dos de los cuales no "detonaron por fallas técnicas". Pero, la Fiscalía general asegura que fueron sólo tres explosiones y anunció que investiga el caso mediante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).