L D (EFE) La fiscal y la abogada de la acusación particular –ejercida por la Generalidad porque los demandantes son funcionarios de esta administración– pidieron a la juez de instrucción número 33 de Barcelona, que tiene previsto citar a declarar próximamente a los agresores y a los demandantes, que abriera diligencias previas por delito de atentado y ésta ha decidido este jueves aceptar la petición.
Este es el primer caso conocido en que una juez abre diligencias por delito de atentado por una agresión a profesores, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ordenara a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y de la sanidad.
Según fuentes judiciales, los dos padres están acusados de agredir y amenazar de muerte a la directora, la jefa de estudios y a un conserje del centro educativo tras entablar una discusión con ellos. Al parecer, los padres exigían que a su hijo, que cursa educación infantil, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
El Código Penal recoge que las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Si, además, el atentado se considera que es contra una autoridad, las penas previstas son de entre dos y cuatro años de cárcel.
Este es el primer caso conocido en que una juez abre diligencias por delito de atentado por una agresión a profesores, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ordenara a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y de la sanidad.
Según fuentes judiciales, los dos padres están acusados de agredir y amenazar de muerte a la directora, la jefa de estudios y a un conserje del centro educativo tras entablar una discusión con ellos. Al parecer, los padres exigían que a su hijo, que cursa educación infantil, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
El Código Penal recoge que las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Si, además, el atentado se considera que es contra una autoridad, las penas previstas son de entre dos y cuatro años de cárcel.