LD (Europa Press) Los nueve miembros del consejo de administración de este organismo regulador han autorizado la operación, al entender que no representa ningún problema significativo que afecte a la seguridad y la calidad del suministro. La mismas fuentes han precisado que la CNE ha fijado cuatro condiciones a ACS para elevar su participación en la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán y que pasan por informar al regulador trimestralmente y siempre que se produzca una adquisición de capital significativa, hasta por mantener las inversiones previstas por Iberdrola.
El organismo que dirige María Teresa Costa ha decretado también que según la evolución de una eventual adquisición adicional de acciones hasta este techo del 24,9 por ciento y en el grado que suponga una compra significativa, la compañía de Florentino Pérez deberá pasar por un nuevo examen de la CNE. Asimismo, la Comisión revisará las condiciones que ahora permiten esta autorización si ACS fomentara una integración con Unión Fenosa por su peso en tal empresa, ya que ostenta un 40,47 por ciento en el capital de ésta última. La CNE considera que estas dos compañía no forman por el momento un grupo, sino que ACS, que no tiene actividades reguladas, ostenta una participación significativa en la eléctrica gallega, que sí las tiene.
En caso de que ACS y Unión Fenosa formen un grupo y la constructora tenga potestad en las actividades reguladas de la eléctrica, el organismo regulador de los mercados energéticos revisará de nuevo las condiciones que permiten a la constructora aumentar su participación en Iberdrola, con el fin de proteger las actividades reguladas de estas compañías.
Límite del 3 por ciento
No obstante, la CNE no ha estudiado en la reunión de este consejo el expediente paralelo a esta autorización remitido por ACS y que hace referencia a la solicitud para levantar el limite del 3 por ciento de los derechos de voto en Iberdrola, de forma que pueda ejercer los mismos en proporción a su eventual participación.
Desde la CNE han explicado que el análisis de este expediente se pospondrá a otras reuniones del consejo. La razón estriba en que la autorización de una ampliación de capital se rige por la Función 14 del reglamento de la CNE y otorga un plazo de un mes para su resolución, mientras que el estudio del levantamiento del límite del 3 por ciento está recogido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que otorga un plazo de cuatro meses para que la CNE se pronuncie.
Por ello, las mismas fuentes han estimado que posiblemente el expediente sobre los derechos políticos se resolverá a finales del próximo mes de enero, "puesto que aún hay plazo para tratar este asunto". Esta petición de ACS para levantar el límite del 3 por ciento se fundamenta en que la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001 limita los derechos de voto correspondientes a una sociedad que disponga de participaciones superiores al 3 por ciento en dos empresas significativas del mismo sector.
Esta disposición, que modifica el artículo 34 del Real Decreto 6/2000 de medidas liberalizadoras, indica textualmente que "las personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital o en los derechos de voto de dos o más sociedades que tengan la condición de operador principal en un mismo mercado o sector (...) en una proporción igual o superior al 3 por ciento del total, no podrán ejercer los derechos de voto correspondientes al exceso respecto de dicho porcentaje en más de una entidad".
No obstante, la CNE tiene la capacidad para modificar esta medida de acuerdo al apartado número 5 del mismo artículo, que contempla que el regulador podrá autorizar el ejercicio de los derechos de voto correspondientes más allá de este límite, "siempre que ello no favorezca el intercambio de información estratégica entre operadores ni implique riesgo de coordinación de sus comportamientos estratégicos".
El pasado día 26 de septiembre la empresa que preside Florentino Pérez lanzó una orden de compra por el 10 por ciento de Iberdrola, con la intención ir elevando la participación hasta un porcentaje que no le obligase a lanzar una OPA, por lo que se vio obligada a pedir autorización a la CNE.