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EL MINISTERIO DE JUSTICIA LO RECONOCE PERO MINIMIZA EL IMPACTO

Un error del Gobierno podría dejar en la calle a 1.500 presos de entre 18 y 21 años

Un error legal del Gobierno va a obligar a los jueces a revisar la situación penitenciaria de 1.500 presos españoles de entre 18 y 21 años. El próximo 1 de enero entra en vigor un artículo de la vigente Ley Penal del Menor que estaba en suspenso por el que se ofrecen beneficios penitenciarios a menores de 21 años. La nueva Ley del Menor entra en vigor el 4 de febrero por lo que durante 34 días este artículo tendrá vigencia. Según El País, su aplicación va a propiciar excarcelaciones. Un portavoz del Ministerio de Justicia que dirige Juan Fernando López Aguilar reconoce el error y aunque minimiza su impacto real, ha advertido que la Fiscalía de Cándido Conde Pumpido enviará una circular con instrucciones para actuar en estos casos.

Un error legal del Gobierno va a obligar a los jueces a revisar la situación penitenciaria de 1.500 presos españoles de entre 18 y 21 años. El próximo 1 de enero entra en vigor un artículo de la vigente Ley Penal del Menor que estaba en suspenso por el que se ofrecen beneficios penitenciarios a menores de 21 años. La nueva Ley del Menor entra en vigor el 4 de febrero por lo que durante 34 días este artículo tendrá vigencia. Según El País, su aplicación va a propiciar excarcelaciones. Un portavoz del Ministerio de Justicia que dirige Juan Fernando López Aguilar reconoce el error y aunque minimiza su impacto real, ha advertido que la Fiscalía de Cándido Conde Pumpido enviará una circular con instrucciones para actuar en estos casos.
(Libertad Digital) El primer día de 2007 entra en vigor el artículo 4 de la Ley Penal del Menor que fue aprobada en 2000 y que ofrece beneficios penitenciarios a aquellos jóvenes de 18 a 21 años que no hayan cometido delitos violentos ni sean reincidentes. Este artículo fue suspendido por seis años y va a ser derogado por la nueva legislación de menor que entra en vigor el 4 del próximo mes de febrero. Esto quiere decir que durante 34 días tendrá vigencia el artículo 4.
 
Según explica este lunes el diario El País, el problema es que entre el próximo 1 de enero y este 4 de febrero el artículo en cuestión entrará en vigor y habrá que aplicarlo si procede, por lo que, al ser más beneficiosa, los jóvenes de 18 a 21 años a los que se les está aplicando actualmente la ley de los mayores –unos 1.500–, tienen derecho a acogerse a ella gracias al principio de aplicación de la ley más favorable.
 
El rotativo de Prisa añade que los jóvenes que se van a ver beneficiados por esta medida están incursos en delitos menores penados con menos de cinco años de cárcel, como son los de tráfico de drogas, contra la propiedad y de lesiones, pero como aseguraron fuentes jurídicas "La ley es la ley y habrá que aplicarla, aunque ello suponga tener que excarcelar de inmediato a algunos jóvenes".
 
Un portavoz del Ministerio de Justicia reconoce que se ha producido un error y aunque minimiza su impacto real, lo cierto es que, según fuentes penitenciarias, existen actualmente en esta situación legal 545 jóvenes con condenas firmes y 937 preventivos. Además, la aplicación de este artículo tendrá incidencia también en los casos con causas pendientes. Aun así, este portavoz ministerial insistió en que la Fiscalía General que dirige Cándido Conde Pumpido va a dictar una circular en la que se darán instrucciones de cómo deben actuar los fiscales ante la avalancha de revisiones de casos que se avecinan.
 
La culpa
 
La senadora del PSOE María Antonia García atribuye el error al PP "porque votó en contra de la enmienda que ellos mismos habían consensuado con la Entesa (tripartito catalán en el Senado) para que se derogase la aplicación de la Ley del Menor a los jóvenes de más de 18 y menos de 21 años".

Por su parte, el senador del PP Carlos Gutiérrez asegura que "el error se produjo en otra votación que nada tenía que ver con los menores". Gutiérrez afirma "que la culpa es del Gobierno, que es quien ha hecho la nueva ley y quien tiene la obligación de velar por los plazos de entrada en vigor de las leyes".

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