L D (Europa Press) Según les han comunicado este viernes por escrito a Perpinya y Delgado sus comandancias -Palma de Mallorca y Cádiz, respectivamente-, a ambos se les ha abierto un expediente gubernativo por posible incumplimiento del artículo 9.9 del Régimen Disciplinario en vigor, que considera falta muy grave realizar "conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución que no constituyan delito".
Las sanciones derivadas de las faltas muy graves pueden ser périda de puestos en el escalafón, suspensión de empleo o separación del servicio. A la orden de apertura del expediente va unida otra de Mesquida que "suspende en funciones" a Perpinya y Delgado durante 90 días.
Mesquida ordenó esta misma semana un informe a los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil por si la concentración que AUGC convocó el pasado sábado en la Plaza Mayor de Madrid y su asistencia a ella de uniforme hacían concurrir a los agentes en alguna posible infracción. La decisión de Mesquida de abrir los citados expedientes se sigue por recomendación de ese informe jurídico no vinculante.
Más expedientes
Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que la medida tomada contra Perpinya y Delgado puede extenderse en las próximas horas al resto de la Junta Directiva Nacional de AUGC y a sus delegados provinciales, que ocuparon durante todo el acto el escenario vestidos con el uniforme reglamentario y sin pistola, al tiempo que descartaron que el resto de agentes uniformados en el acto, situados entre el público asistente, vayan a ser objeto de expediente. El Servicio de Información de Guardia Civil detectó en la Plaza Mayor a unos 1.200 guardias con uniforme, mientras que AUGC elevó esta cifra hasta los 3.000.
AUGC celebrará este sábado una asamblea general extraordinaria en Madrid, antes de la cual su responsables realizarán una comparecencia ante los medios de comunicación, explicaron a Europa Press fuentes de la Asociación.
"Sin uniforme, no se nos escucha"
En el acto del pasado sábado, Juan Antonio Delgado actuó como presentador de los oradores que participaron en el acto, desde el filósofo y escritor Fernando Savater hasta el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, pasando por el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, un suboficial del Ejército que este jueves fue internado en un centro militar sancionado por sus declaraciones en una rueda de prensa convocada por AUME para tratar el accidente del Cougar en Afganistán.
El acto fue cerrado por Perpinya, quien, entre otras cosas, dijo: "Venimos de uniforme porque estamos orgullosos de él y porque de otro modo no se nos escucha". El líder de AUGC también repasó la actual situación de los miembros del instituto armado: "Tenemos menos derechos que el resto de funcionarios (por sindicación y huelga), cobramos menos por jornadas laborales más largas, vivimos en casas cuarteles destartaladas y tenemos un intento o un suicidio cada diez días". "La naturaleza militar es la excusa perfecta", se quejó el líder de la AUGC, para que los diferentes gobiernos no hayan acometido reformas.
Bajo el lema "Derechos, ya", AUGC denunciaba el incumplimiento de las promesas electorales del PSOE: un estatuto de Derechos y Deberes que regule el asociacionismo en el Cuerpo y un nuevo Régimen Disciplinario. El Gobierno recibió de Interior el pasado día 12 un anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma del actual Régimen Disciplinario de la Benemérita que, entre otras cosas, elimina la aplicación de la jurisdicción militar para los guardias civiles en misiones policiales. AUGC lo considera "claramente insuficiente" y denuncia que el trámite parlamentario hará imposible su entrada en vigor en la presente legislatura.
Posibles sanciones
La Dirección General dedicará ahora un instructor para cada uno de los expedientes que se abran a los miembros de AUGC, que se encargar de comunicarles por qué se les investiga. Finalizado el expediente, están capacitados para imponer la sanción los generales de zona, división o brigada y de ahí, para arriba en el escalafón, es decir el propio Mesquida, el secretario de Estado de Seguridad e, incluso, el ministro del Interior.
Al tiempo, se dará conocimiento del mismo a la Fiscalía Togada por si ésta apreciase delito en la actuación de los agentes que se manifestaron de uniforme el día 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid. La Fiscalía militar abriría diligencias y los guardias civiles podrían ser sometidos a un juicio militar, algo que diversas fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press descartan por completo.