L D (Europa Press) Según el decreto del Ministerio Público, el fiscal pide que se les tome declaración como imputados a los tres denunciados y también a los cuatro concejales que adoptaron el acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de septiembre de 2005 para la concesión de la licencia de obras del Parque Comercial.
Esta actuación tiene su origen en la denuncia que el pasado mes de febrero el PP de Granada presentó denuncia contra Morales Cara por su actuación en el Parque Comercial, que promueve la entidad General de Galerías Comerciales S.A., de la que es consejero delegado Tomás Olivo, imputado en la "operación Malaya". Las obras del Parque, en una superficie de 70.000 metros cuadrados, fueron paralizadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada poco antes de su conclusión.
Además de formular la denuncia correspondiente en el Juzgado de Instrucción Decano de Granada, el fiscal pide informe urgente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre la situación actual del edificio, así como ubicación de los espacios y zonas verdes que han sido supuestamente ocupados.
Según el Ministerio Público, los hechos presentan "numerosos y diversos indicios plenamente racionales" que permiten inferir la posible existencia de los delitos mencionados, a raíz de las irregularidades detectadas.
Entre ellas, se encuentra la ubicación del centro en espacios libres, una edificabilidad que supera ampliamente la prevista en el planeamiento y severas limitaciones para el desarrollo de la circunvalación. Fue precisamente la Junta de Andalucía la que demandó al Ayuntamiento la revisión del Plan Parcial Sector B por "vulnerar claramente" el Planeamiento Superior, después de que este fuera aprobado en pleno municipal con los votos del PSOE y un concejal independiente en julio de 2005.