L D (EFE) Álvaro Matus señaló, sin embargo, que la Fiscalía está obligada a investigar el crimen de los agentes y también a continuar con las pesquisas para esclarecer la muerte de los dirigentes políticos salvadoreños. Hace ocho días los cuerpos calcinados de los diputados Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y la del chófer y agente policial Gerardo Napoléon Ramírez, fueron encontrados dentro de un vehículo en la ruta hacia El Salvador.
Dos días después de los asesinatos, el 21 de febrero, las fuerzas de seguridad capturaron a los policías guatemaltecos Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, como presuntos autores materiales. Las autoridades guatemaltecas aún no habían establecido el móvil de los asesinatos de los políticos salvadoreños, cuando la noche del domingo los policías fueron degollados y tiroteados en la cárcel de máxima seguridad "El Boquerón", a 66 kilómetros al este de la capital, donde estaban detenidos.
Una de las abogadas de los agentes, Amanda Salazar, explicó a periodistas que sus clientes le habían expresado el temor de ser asesinados porque se consideraban "chivos expiatorios". Salazar manifestó que teme por su vida por defender a los policías que "eran inocentes" y responsabilizó al gobierno de cualquier hecho en su contra. "Había interés de que no hablaran", sostuvo sin dar mayores explicaciones.
Según la versión de la Policía, fueron los mismos reclusos de "El Boquerón" quienes los asesinaron, pero los reos sostienen que un comando armado ingresó a la cárcel a ejecutarlos. Familiares de los presos, unos 177, en su mayoría pandilleros, han explicado a emisoras locales que los guardias de la prisión los sacaron este domingo cuando se encontraban de visita bajo el argumento de que iba a realizarse una requisa.
Los reos protagonizaron después del crimen un motín y tomaron cinco rehenes entre los funcionarios de la cárcel, a los que liberaron hoy sin ningún daño tras exigir que ingresaran los periodistas antes que la policía para evitar más hechos de sangre.
Según el ex comisionado presidencial de Seguridad y Defensa y actual candidato a la primera magistratura del país, Otto Pérez, el asesinato de los policías demuestra que ellos sabían de la participación de altos jefes en los crímenes de los diputados salvadoreños. "El más alto nivel tenía temor de que los policías podrían revelar algo y por eso los callaron", afirmó a una emisora local el general retirado, al exigir la destitución del ministro del Interior, Carlos Vielman, y la del director de la Policía, Erwin Sperisen.
Pérez, del opositor Partido Patriota (PP), opinó que existe "complicidad de la seguridad del presidio" y que los asesinatos de los agentes "ponen en una crisis a todo el sistema de seguridad y al propio gobierno" y que es "un mensaje de terror" que puede llevar a la anarquía al país.
Por su parte, la diputada izquierdista Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala (EG) que promueve la candidatura presidencial de la Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, sostiene que el asesinato de los policías "evidencia la vulnerabilidad del sistema y la impunidad que existe en el país". "Hay algo más de fondo que no se quiere esclarecer. Urge una investigación a fondo y dar con los responsables porque en la Policía hay una penetración del crimen organizado", enfatizó.
Mientras, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, calificó de "frustrante" y "grave" lo que está pasando en Guatemala con los asesinatos de los diputados y luego los de los policías detenidos como presuntos responsables.
Dos días después de los asesinatos, el 21 de febrero, las fuerzas de seguridad capturaron a los policías guatemaltecos Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, como presuntos autores materiales. Las autoridades guatemaltecas aún no habían establecido el móvil de los asesinatos de los políticos salvadoreños, cuando la noche del domingo los policías fueron degollados y tiroteados en la cárcel de máxima seguridad "El Boquerón", a 66 kilómetros al este de la capital, donde estaban detenidos.
Una de las abogadas de los agentes, Amanda Salazar, explicó a periodistas que sus clientes le habían expresado el temor de ser asesinados porque se consideraban "chivos expiatorios". Salazar manifestó que teme por su vida por defender a los policías que "eran inocentes" y responsabilizó al gobierno de cualquier hecho en su contra. "Había interés de que no hablaran", sostuvo sin dar mayores explicaciones.
Según la versión de la Policía, fueron los mismos reclusos de "El Boquerón" quienes los asesinaron, pero los reos sostienen que un comando armado ingresó a la cárcel a ejecutarlos. Familiares de los presos, unos 177, en su mayoría pandilleros, han explicado a emisoras locales que los guardias de la prisión los sacaron este domingo cuando se encontraban de visita bajo el argumento de que iba a realizarse una requisa.
Los reos protagonizaron después del crimen un motín y tomaron cinco rehenes entre los funcionarios de la cárcel, a los que liberaron hoy sin ningún daño tras exigir que ingresaran los periodistas antes que la policía para evitar más hechos de sangre.
Según el ex comisionado presidencial de Seguridad y Defensa y actual candidato a la primera magistratura del país, Otto Pérez, el asesinato de los policías demuestra que ellos sabían de la participación de altos jefes en los crímenes de los diputados salvadoreños. "El más alto nivel tenía temor de que los policías podrían revelar algo y por eso los callaron", afirmó a una emisora local el general retirado, al exigir la destitución del ministro del Interior, Carlos Vielman, y la del director de la Policía, Erwin Sperisen.
Pérez, del opositor Partido Patriota (PP), opinó que existe "complicidad de la seguridad del presidio" y que los asesinatos de los agentes "ponen en una crisis a todo el sistema de seguridad y al propio gobierno" y que es "un mensaje de terror" que puede llevar a la anarquía al país.
Por su parte, la diputada izquierdista Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala (EG) que promueve la candidatura presidencial de la Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, sostiene que el asesinato de los policías "evidencia la vulnerabilidad del sistema y la impunidad que existe en el país". "Hay algo más de fondo que no se quiere esclarecer. Urge una investigación a fondo y dar con los responsables porque en la Policía hay una penetración del crimen organizado", enfatizó.
Mientras, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, calificó de "frustrante" y "grave" lo que está pasando en Guatemala con los asesinatos de los diputados y luego los de los policías detenidos como presuntos responsables.