L D (Europa Press) El secretario general del PP, Ángel Acebes, emplazará a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega a aclarar si "comparte la opinión del fiscal general del Estado de que 'ya prácticamente no hay víctimas del terrorismo'". Hace unos días, Cándido Conde Pumpido cuestionó la conveniencia de manifestaciones contra el terrorismo, como la organizada en Madrid por el PP, "cuando ya prácticamente no hay víctimas del terrorismo", unas afirmaciones "intolerables" por las que el PP exigió su dimisión.
El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, también formulará una pregunta a De la Vega, para saber si "va a seguir permitiendo el Gobierno que Batasuna celebre impunemente actos políticos de partido a pesar de ser una organización terrorista ilegal". Un día antes está previsto que el Congreso debata una iniciativa del PP en la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Ley de Partidos Políticos y a perseguir las actividades públicas de Batasuna-ETA.
En su texto, el partido que preside Mariano Rajoy insta al Gobierno a dar instrucciones al fiscal general del Estado para que persiga "todas las actuaciones públicas y convocatorias de los miembros y dirigentes de la ilegalizada Batasuna", con el objetivo de "cumplir y hacer cumplir" la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la sentencia del Tribunal Supremo por la que se procedió a la ilegalización de la formación de Otegi..
Por su parte, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Alicia Sánchez Camacho, preguntará al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la sesión de control del miércoles, por la polémica suscitada en la composición de la Sala Especial del Tribunal Supremo, encargada de resolver las cuestiones de la Ley de Partidos Políticos.
Ante la Comisión de Justicia, Bermejo mostró su "hondísima preocupación" por esos cambios acordados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la diputada del PP no entiende tal estupor cuando, en su opinión, se trata de una "decisión legal" adoptada por el órgano de gobierno de los jueces.